El Grupo Popular critica la vulneración sistemática por parte del Cabildo del derecho a acceder a la información pública para dificultar la labor de control y fiscalización de la oposición
Las Palmas de Gran Canaria.
El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha presentado en las últimas semanas varias denuncias contra el gobierno insular de NC y PSOE ante el Comisionado de Transparencia de Canarias por vulnerar de forma reiterada el derecho de acceso a la información pública y tratar de dificultar la labor de control y fiscalización del principal grupo de la oposición.
«Todas las administraciones están obligadas por el actual marco normativo a facilitar la información pública que solicite cualquier ciudadano o responsable político, así como a publicitar de manera activa los contenidos o documentos relacionados con la acción de gobierno, pero el Cabildo incumple de forma sistemática sus obligaciones legales en materia de transparencia para intentar eludir el control político», subraya el PP.
Las últimas denuncias registradas por el Grupo Popular ante el Comisionado de Transparencia están relacionadas con «la opacidad y el oscurantismo» que existe en la mayor parte de organismos dependientes del Cabildo como la Fundación Nanino Díaz Cutillas o la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), «donde la falta de transparencia es total y absoluta».
Los populares critican que en el portal de Transparencia de estos organismos públicos no se publican en tiempo y forma los contratos formalizados por la administración, no se actualiza la composición de los órganos de gobierno o ni siquiera se cuelgan los presupuestos anuales, entre otras irregularidades que dañan la calidad democrática de la Institución insular.
En el caso de la OFGC, el PP señala que los responsables políticos de la Fundación no publican los informes completos de las auditorías de cumplimiento, sino que mutilan la mayor parte del texto para esconder las conclusiones de la Intervención General del Cabildo, como las advertencias por contratación directa al mismo proveedor o contratos menores que deberían adjudicarse mediante concurso con publicidad y concurrencia.
Además, la Fundación OFGC incumple la Ley de Contratos del Sector Público al no publicitar cada trimestre a los contratos menores suscritos por la Fundación, que también se niega a facilitar el nuevo contrato laboral del director titular de la OFGC pese a las reiteradas solicitudes tramitadas por el Grupo Popular.
Así, en el último informe de evaluación del Comisionado de Transparencia de Canarias varias entidades del sector público insular ni siquiera llegan al aprobado, como es el caso de la Fundación Nanino Díaz Cutillas, Ferrocarriles de Gran Canaria SA, Fundación Canaria del Deporte, Club Baloncesto Gran Canaria Claret SADU y la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga. Mientras que otros organismos como Gran Canaria Convention Bureau, el Instituto Insular de Deportes o el Consorcio de Emergencias aprueban con un cinco raspado.
Sin acceso a los Decretos y Resoluciones
Por otra parte, el PP viene reclamando sin éxito desde el pasado mandato la entrada en funcionamiento de un libro electrónico de Decretos y Resoluciones para poder hacer un seguimiento riguroso de la acción de gobierno. Hasta ahora, las resoluciones y decretos aprobados por el grupo de gobierno se trasladan a los grupos de la oposición «meses después de ser firmadas» a través de una carpeta compartida, y en algunos casos ni siquiera se publican pese a que lo exige la normativa vigente.
En este sentido, los populares recuerdan al gobierno insular que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la propia Ley de Cabildos, establecen unas obligaciones ineludibles en cuanto a «facilitar la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública».
A juicio del PP, esta manera «tan opaca» de ejercer la acción de gobierno responde a una estrategia bien medida y premeditada para intentar amordazar a la oposición, como se refleja también en el retraso injustificado a la hora de responder a las preguntas escritos formuladas por los diferentes grupos políticos o en la práctica cada vez más habitual de tramitar los asuntos por la vía de urgencia sin motivación alguna.
