Santa Cruz de Tenerife.- Tras hacerse público el informe de la Comisión de Precios de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias que rechaza la subida de la factura del agua promovida por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la líder municipal Patricia Hernández exige al ayuntamiento la paralización del “tarifazo” y la rectificación por parte de un equipo de gobierno que “vela más por los intereses de la empresa Sacyr que por los de la ciudadanía de Santa Cruz”.
La postura defendida por Patricia Hernández coincide con las sentencias dictadas tras dos contenciosos de Sacyr contra el Gobierno de Canarias (2018) y el Ayuntamiento de Santa Cruz (2022), donde se detallaba que las tasas de agua no pueden ser incrementadas en base al IPC. En este sentido, Hernández recuerda que no es la primera ocasión en la que Bermúdez y Sacyr intentan vincular la tarifa del agua a la inflación y que, si es necesario, no descarta acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para conseguir una nueva sentencia que paralice la subida.
El informe técnico elaborado por el Gobierno de Canarias considera excesivo el incremento del 7,9% para cubrir costes y señala que un aumento muy inferior mantendría el equilibrio económico de la empresa. A juicio de la ex alcaldesa, ”La auditoría de 2021 es meridianamente clara: Emmasa no es una empresa deficitaria ni en riesgo de serlo. Este informe retrata a Bermúdez como un conseguidor de los intereses privados de Sacyr, la empresa que explota Emmasa, y no como alcalde de todos los chichareros y chicharreras”.
Recalca Hernández que el TSJC sentenció que no se ajustaba a derecho subir la tasa del agua con el IPC y aún así, Bermúdez lo vuelva a intentar. “Esta medida, por si sola, ya merecería nuestro rechazo. Pero es que no se quedaría ahí. La intención del alcalde es sumar a la subida del 7,9% para lo que resta del año 2022 la reforma del modelo actual; implementando así que la actualización de precios esté vinculada automáticamente con el IPC, sin pasar por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, con la pérdida de controles democráticos que eso supone y con un encarecimiento cercano al 15% en apenas tres meses”.
Además, continúa Hernández, “si tenemos en cuenta que un año más la empresa no cumple con las inversiones que necesitan las infraestructuras de la ciudad y la situación social que atravesamos, no tiene ningún sentido premiar el balance de resultados de Sacyr en detrimento del bolsillo de los chicharreros y chicharreras”.
“Mientras la subida de los alquileres está limitada, el transporte público subvencionado y los salarios de las clases medias no suben al ritmo de la inflación, el gobierno nacionalista de Santa Cruz ignora las necesidades de la ciudadanía y se preocupa de los intereses de una empresa involucrada en los escándalos de corrupción que afectan al Ayuntamiento” apostilla Hernández.
