San Cristóbal de La Laguna.- El grupo nacionalista lleva casi dos meses esperando por los datos de la ejecución presupuestaria del 2020 que solicitó al grupo de Gobierno de La Laguna y que reiteró en el pleno del pasado 8 de octubre, con el compromiso de que en los cinco días siguientes se le darían los datos, y no ha sido así. Unos datos, por tanto, desconocidos que repercuten en el bienestar de la ciudadanía y en los presupuestos del 2021, unos datos que se “ocultan” y dificultan el trabajo de control de la oposición.
Coalición Canaria-PNC estima que una baja ejecución presupuestaria es un índice preocupante ya que denota una desaceleración, en el último año y medio, en el Ayuntamiento lagunero y “la COVID no puede ser una justificación para no ejecutar el presupuesto” ya que “ahora es cuando se necesita que la corporación haga esfuerzos para que no colapse el municipio, además, el Ayuntamiento no ha cerrado sus puertas por lo que no puede ser una disculpa aunque la quieran usar”.
No se entiende que el Gobierno local no facilite la información sobre la ejecución presupuestaria porque “ha vendido y publicitado que han realizado acciones concretas y lo que se quiere saber es si se han ejecutado realmente con presupuesto municipal o se ha aprovechado la acción de otras administraciones para su venta como propia” como por ejemplo en el área de Bienestar Social o en Comercio o en Empleo, o si se ha cumplido realmente con el pago a proveedores, «hay falta de transparencia”.
El pasado 21 de agosto de 2020 se presentó por registro de la Corporación la petición de información acerca de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020, en la que se solicitaba información sobre la ejecución presupuestaria de la corporación municipal, organismos autónomos y entidades dependientes a fecha 31 de julio de 2020; es decir, la ejecución del presupuesto por programa de cada concejalía a nivel de área de gasto y política; a nivel de capítulo y artículo; los créditos iniciales, autorizados, dispuestos y las obligaciones pendientes de abonar de cada concejalía a nivel de área de gasto y política; los créditos de las partidas presupuestarias sobre las que se le han realizado modificaciones presupuestarias; y la ejecución de las partidas sobre las que se han realizado modificaciones presupuestarias.
