Santa Cruz de Tenerife.- Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defenderá en el Pleno municipal de este viernes, 29 de abril, que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cuando haga un contrato de publicidad o patrocinio con medios de comunicación, deberá incluir la obligación a la empresa adjudicataria de indicar a su audiencia que se trata de contenido publicitario o patrocinado por esta Administración local.
Con el acuerdo que plantea Trujillo en su moción, “en ningún caso, se divulgarán entrevistas realizadas a integrantes del grupo de gobierno, patrocinadas por el Ayuntamiento, sin informar al público de que se trata de un espacio pagado con recursos municipales”.
El edil no cuestiona que se lleven a cabo contratos publicitarios siempre que estén realmente justificados y que la información publicada por los medios indique claramente esta financiación pública, “para no generar la confusión que ahora se crea con informaciones o entrevistas”.
Al respecto, Trujillo invoca la La Ley 2/2007 que regula las campañas institucionales de la Comunidad Autónoma de Canarias y que se remite a la Ley estatal 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, en la que se deja claro que “no se podrán difundir campañas institucionales que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la Administración o entidad promotora o contratante”.
En este sentido, en la exposición de motivos de su moción enumera casos concretos de informaciones que publican medios de comunicación (prensa y radio) pagadas por el actual gobierno de Bermúdez en el que se oculta al público que esos contenidos están promocionados con dinero público.
Por ejemplo, en diciembre de 2020, se patrocinó, en Radio Marca, por 12.000 euros, la campaña Una Navidad segura. Durante dos días se emitieron entrevistas al alcalde y a concejales del grupo de gobierno, en el contexto del patrocinio señalado, sin indicar que las entrevistas estaban pagadas por el Ayuntamiento.
En 2021, se pagaron 4.900 euros a Radio Club Tenerife por un “programa especial relativo al Día Internacional del Deporte y la Paz en la Playa de Las Teresitas”, el 24 de junio, en el que el objeto del contrato era dar a conocer el plan para convertir la Playa de Las Teresitas “en un gran centro deportivo al aire libre”. En ese programa se entrevistó a Bermúdez sin informar a los oyentes de que esa entrevista estaba patrocinada económicamente por el gobierno encabezado por el propio alcalde.
En es entrevista, en el legítimo uso de su libertad de expresión, Bermúdez criticó a la que describió como “la izquierda sectaria” y criticó algunas medidas para contener la pandemia, algo que, a juicio del portavoz de UP, resulta “realmente inaudito, es decir utilizar dinero público para criticar a adversarios políticos”. De hecho, la Ley 29/2005 señala, en el caso de la Administración estatal, que, en sus campañas publicitarias, deberá “desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas”.
Trujillo subraya que “también se alimenta la confusión entre información y publicidad cuando se patrocinan noticias sin indicación de que son objeto de patrocinio, ni de la procedencia del patrocinio”. Es el caso, por ejemplo, del patrocinio de informaciones del Carnaval, publicadas en el periódico El Día, por 14.999,26 euros, el pasado año. Vemos, por ejemplo, que aparece patrocinada la noticia titulada “La contratación de Carlos Ribera vale la cuarta parte que Paulina Rubio”. O la información que lleva por título: “Fiestas paga por primera vez a Televisión Canaria por la producción del Carnaval”. O mejor aún, se patrocinó, a juicio del edil de UP, «con implícito espíritu autoflagelante», una información bajo el titular de “Indignación entre los diseñadores porque grabaron el desfile y todavía no han cobrado”. Se trata del tipo de patrocinio que esperaríamos encontrar en el País de Nunca Jamás.
El edil de la alianza de izquierda recuerda cómo ha venido defendiendo en toda su trayectoria política que “los medios de comunicación en una democracia son parte esencial pues contribuyen a construir la opinión pública y ofrecen las informaciones que ayudan a articular el sentido del voto de la ciudadanía y su participación en los asuntos comunes”. “Sin embargo, cuando estos medios mienten, ocultan una parte de la realidad, o dan una visión sesgada de la vida política, socavan una parte de los fundamentos del juicio político de la ciudadanía y debilitan el proceso democrático”, razona Trujillo en la exposición de motivos de su moción.
