Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión de estudio sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción de La Palma, Matilde Fleitas, ha valorado este miércoles [30] las conclusiones del dictamen final de dicha comisión parlamentaria, que han sido acordadas por unanimidad después de meses de trabajo para impulsar la reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica.
La diputada socialista ha valorado en concreto la «unidad, talante y diálogo» a la hora de abordar esta «intensa» comisión y aprobar el dictamen por unanimidad, donde se ha debatido el texto final «buscando siempre» las mejores soluciones y propuestas para la ciudadanía.
En esta línea, afirmó que los diputados y diputadas socialistas «siempre han estado al lado de la ciudadanía afectada, al lado de La Palma para su recuperación», y que este dictamen sirve, una vez más, para «poner de manifiesto que lo que nos une es el bienestar y el futuro de los palmeros y las palmeras. En este sentido seguiremos trabajando en estos presupuestos, así como a través de las iniciativas y legislación específica para minimizar los efectos de la erupción volcánica».
Más de 55 profesionales y 40 horas de escucha
Esta comisión de estudio, que ha contado con los diputados socialistas Jorge González como vicepresidente de la Mesa y Matilde Fleitas como portavoz del Grupo Socialista, se constituyó el pasado febrero, y desde entonces se han celebrado diez sesiones con más de 40 horas de escucha a 55 profesionales de múltiples ámbitos (científico, académico, turístico, empresarial, planificación, riesgos, administraciones públicas), además de las personas damnificadas, plataformas y asociaciones vecinales.
«Esta comisión ha dado respuesta a una realidad social y económica, tras la erupción volcánica en La Palma, que debe servir como punto de partida de las acciones que han de desarrollarse en muchos ámbitos, como el ejecutivo, legislativo, educativo, valoración de riesgos y planeamiento, entre otros, y que no solo servirán al conjunto de la isla en general y al Valle de Aridane en particular, sino al conjunto de Canarias como territorio vulcanológicamente activo», explicó Fleitas.
Según las conclusiones de la comisión, las instituciones públicas han demostrado una «capacidad de respuesta digna de elogio», y han determinado que la mejor garantía de éxito para hacer frente a las situaciones complejas es la participación de las personas afectadas.
Además, se ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar soluciones eficaces para las segundas viviendas, las viviendas turísticas, casas rurales, comercios e industrias, así como que los ayuntamientos más afectados «reciban cuanto antes» el dinero de fondos propios que han utilizado para la emergencia, «dado que algunos se encuentran casi en quiebra técnica».
El dictamen establece que la prioridad ahora es evitar que la crisis vulcanológica provoque un empobrecimiento económico de la isla y empeore las condiciones de vida de sus habitantes, encontrando para ello el equilibrio entre la protección de todo aquello que tenga valor científico en las coladas, con la «indispensable» reactivación económica, teniendo en cuenta que el 85% del territorio insular ya está protegido.
Nuevo modelo de gobernanza y de desarrollo
Por su parte, se apuesta por el estudio de un modelo claro de ocupación del territorio que tenga en cuenta el modo de vida elegido por la ciudadanía de La Palma, a través de un modelo de gobernanza que podría adoptar la forma de un consorcio y en el que la recuperación del suelo agrícola sea una prioridad.
También se apoya a Canarias como futura sede del Centro Vulcanológico español, acompañado de la implantación de estudios universitarios en la isla sobre Vulcanología y Geología, además de la elaboración de una ley que de respuesta a este tipo de catástrofes naturales.
La comisión apoya la puesta en marcha de una estrategia canaria para hacer frente a los riesgos derivados de las erupciones volcánicas que pueden producirse en cualquier lugar del Archipiélago, además de promover la creación de una cultura de la seguridad en toda la población, que permita comprender y valorar adecuadamente los riesgos derivados de vivir en un archipiélago vulcanológicamente activo.
