Serán instaladas mesas y oficinas táctiles para los trámites habituales en los lugares que determinen los ayuntamientos
Las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria insiste en su apuesta por una Administración Pública abierta y orientada a la ciudadanía con la adjudicación por valor de 570.000 euros del proyecto para la instalación en los doce municipios de la isla con menos de 20.000 habitantes de mesas y oficinas táctiles de tramitación, además de sistemas de evaluación automatizada de la satisfacción de la ciudadanía. Los dispositivos serán ubicados donde indiquen los ayuntamientos en función de las necesidades de su población.
El objetivo de esta iniciativa del Área de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo es mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos a través de los medios tecnológicos y la automatización inteligente de los procesos administrativos más habituales, así como la medición y análisis de los resultados.
La adjudicación se ha dividido en tres lotes, el primero de ellos por un total de 480.000 euros destinados al suministro de oficinas táctiles de tramitación o quioscos electrónicos para la realización de forma rápida, autónoma y sencilla de los trámites más demandados por los ciudadanos en los ayuntamientos, como son los relacionados con el padrón, abono y duplicado de recibos, el certificado para la bonificación de viajes o las peticiones de cita previa, entre otros.
El segundo lote destina 59.000 euros a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tótems digitales informativos o mesas táctiles para facilitar a la ciudadanía el acceso a información relevante mediante su interacción táctil, sin necesidad de esperar a ser atendidos presencialmente, en los accesos a los edificios públicos que cada ayuntamiento determine, ofreciendo así información al ciudadano de forma ágil, atractiva y de forma desasistida.
En tercer lugar, se ha articulado la instalación de sistemas para la evaluación automatizada de la satisfacción de la ciudadanía, a través de terminales, con la información y atención recibida por parte del ayuntamiento respectivo. Esta medida, valorada en 30.000 euros, permitirá potenciar los procesos de mejora de la calidad del servicio gracias a los datos que arroje, ya que orientará la toma de decisiones en función de las opiniones registradas.
La memoria justificativa de la medida subraya que “este proyecto busca mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, ciudadanas y empresas, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales y la modernización de los procesos”, destinados en este caso a las poblaciones de Agaete, Artenara, Firgas, Moya, La Aldea de San Nicolás, Santa Brígida, Santa María de Guía, Tejeda, Teror, Valsequillo, Valleseco y San Mateo.
Responde igualmente al compromiso de la Corporación insular con la colaboración permanente con los ayuntamientos en el marco de la realización de los fines institucionales del Cabildo, que incluyen la extensión por la geografía grancanaria de los servicios de la administración electrónica en beneficio del conjunto de la población, cualquiera que sea su lugar de residencia.
Los procesos de evaluación en las Administraciones Públicas, especialmente en aquellas que, por su tamaño, tienen un presupuesto limitado constituyen un verdadero reto e influyen en la imagen que tienen los ciudadanos de las localidades. La medición de la percepción de los ciudadanos es un punto crítico a la hora de hablar de una Administración Pública más abierta y orientada a los ciudadanos, añade la memoria.
Con frecuencia, prosigue el documento de justificación, la evaluación de la atención a la ciudadanía en los pequeños municipios es inexistente o se realiza mediante cuestionarios que hay que tabular y que tienen un alto coste, tanto en la recogida de los datos, como en la realización del análisis posterior.
La Ley de Cabildos Insulares atribuye a la Administración Insular, como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, Gran Canaria en este caso, la prestación de los servicios de la administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
