Visocan aclara contenido incierto sobre sus promociones en Añaza divulgado por el Diputado del Común
Santa Cruz de Tenerife. El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes de 93 familias afectadas que se enfrentan a desahucios inminentes en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, tras habérseles notificado que debían abandonar sus viviendas en febrero de 2024. Denuncian que Visocan les impide regularizar sus contratos de alquiler. En la reunión también estuvo presente la asesora de la Diputación del Común, Amada Armas.
La representante de las familias que contaban con un contrato de alquiler con el anterior propietario, Yurena Rodríguez, expone que tras recibir el aviso de desahucio se les ofreció posibilidad de regularizar un nuevo contrato de alquiler y gestionar las deudas pendientes de algunos vecinos, pero Visocan se niega a llegar a un acuerdo.
Como portavoz de las familias vulnerables que no disponían de un contrato formalizado a fecha de 2019, Raquel García, denuncia que cuando comenzó el proceso de desahucio se les emplazó a entregar documentación a una ONG que actuaría de mediadora pero, a día de hoy, continúan sin haber regularizado su situación.
Las representantes de estos colectivos trasladaron al Diputado del Común su preocupación ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, que no disponen de ninguna alternativa habitacional.
El Diputado del Común afirmó que se dirigirá al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer qué ayudas al alquiler se han comprometido a aportar para los vecinos que tienen contrato, y Visocan para conocer su disposición a formalizar un nuevo contrato de alquiler a partir de febrero. Además, se comunicará con Visocan para hacer un seguimiento personalizado de cada uno de los casos de las familias que no disponen de un contrato.
Visocan aclara contenido incierto sobre sus promociones en Añaza divulgado por el Diputado del Común
Ante el comunicado hecho público hoy por el Diputado del Común, que no ha sido contrastado, sobre la situación de algunas familias residentes en Añaza. Desde la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (Visocan) se quiere aclarar su contenido incierto:
- Visocan compró las 358 viviendas de Añaza en 2019 y desde entonces ha intentado que todos sus ocupantes regularicen su situación, con lo que no se ajusta a la realidad que esta empresa “se niegue a llegar a un acuerdo” con los ocupantes de las viviendas.
- Más del 75% de los vecinos se encuentran en situación regular, es decir, han suscrito un contrato de arrendamiento con Visocan, la propietaria de las viviendas.
- Visocan no ha interpuesto ninguna demanda de desahucio a ninguno de los 50 inquilinos con contrato de alquiler con el anterior propietario que no han querido regularizar su situación a pesar de los reiterados intentos de esta empresa pública de hacerlo.
- Visocan, como no puede ser de otra manera, tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente.
- Visocan trabaja con la firme voluntad de dar seguridad jurídica a todas las partes y mejorar la convivencia en las más de 6.000 viviendas que gestiona en Canarias. Asimismo, tiene la obligación de velar por el bienestar habitacional de los 20.000 demandantes de viviendas protegidas que hay en las Islas.
- Visocan ha abierto líneas directas de diálogo con los afectados para ofrecerles alternativas individualizadas que permitan resolver las diferentes casuísticas que se dan en estas dos promociones de Añaza. Al mismo tiempo orienta e informa a los vecinos sobre todos los recursos públicos a los que pueden acceder que son competencia de otros organismos.
- Visocan desconoce la situación de vulnerabilidad o no de sus inquilinos, ya que no tiene competencias en esta materia.
