Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha denunciado este lunes «el abandono de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario a las organizaciones no gubernamentales (ONG) canarias» y ha reclamado «un reparto más equitativo de las ayudas» a las entidades del denominado Tercer Sector.
Vidina Espino ha calificado de «muy injusto que se maltrate a estas organizaciones, precisamente ahora, en tiempos de pandemia, cuando soportan y atienden el grueso de las demandas que realizan las personas más vulnerables del Archipiélago», por la falta de respuesta de la propia Administración.
Se ha referido al caso concreto de la convocatoria anual de las ayudas derivadas del 0,7% social del IRPF, «un recurso esencial para el mantenimiento de muchos de los servicios que prestan estas ONG», que juegan un papel fundamental en ámbitos como la dependencia, infancia y familia, diversidad sensorial, funcional o psicosocial, además de mujeres víctimas de violencia machista y LGTBI+.
A su juicio, el modelo de gestión de la titular de la Consejería de Derechos Sociales, Noemí Santana, «está llevando a la desaparición de muchas de estas entidades», ya que «carecen de recursos o les llegan demasiado tarde, para financiar servicios que competen a la propia administración pública», y, en vez de ayudarlas, «le retira las subvenciones o dificulta que accedan a ellas».
La portavoz de la formación naranja ha hecho hincapié en «la falta de equidad de los criterios establecidos a la hora de conceder las ayudas del 0,7% del IRPF en la convocatoria de 2019», pues las ONG de ámbito local concurren en inferioridad de condiciones que las de ámbito nacional o internacional. Una circunstancia que, ha subrayado, «la propia consejera ha admitido en una circular remitida a las entidades del Tercer Sector, pero que no ha resuelto, ni siquiera tras las quejas presentadas».
Vidina Espino ha explicado que, en lugar de corregir las deficiencias detectadas en la convocatoria pública de 2019, «Noemí Santana ha preferido suspender la de 2020, incumpliendo de esa forma la Ley General de Subvenciones, y asignar las ayudas en función de los resultados registrados hace dos años, provocando que la injusticia perdure durante dos ejercicios».
