Santa Cruz de Tenerife.- Los daños provocados por la erupción volcánica en La Palma alcanzaron los 982 millones de euros, de acuerdo con la última evaluación elaborada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el pasado mes de marzo y remitida al Gobierno de España al objeto de actualizar la solicitud para la activación del Fondo de Solidaridad de la UE.
El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy en el Parlamento que la Consejería de Hacienda recopila los datos ofrecidos por el Cabildo, los ayuntamientos palmeros, las entidades aseguradoras y una consultora especializada, y que, en función de la evaluación realizada, se podrán recibir unos 24 millones de euros.
Esta cantidad se corresponde con el 2,5% del total de los daños causados, que es el porcentaje que sufraga el Fondo de Solidaridad.
“Se trata de un a cantidad modesta, en relación con los perjuicios provocados por la erupción, pero todo euro cuenta”, indicó el vicepresidente, quien precisó que la primera remisión del informe se hizo en tiempo y forma, según los plazos establecidos en el propio mecanismo, y que ahora se incorporarán las actualizaciones pertinentes.
La cantidad que finalmente perciba La Palma solo se podrá destinar a la reparación de los daños de carácter público, puesto que los privados no están previstos en el Fondo, y a gastos de intervención operativa.
En todo caso, el vicepresidente adelantó que tanto el Gobierno de España como el Ejecutivo autónomo, el Cabido de La Palma y los ayuntamientos habrán de habilitar las partidas presupuestarias precisas para reparar las infraestructuras y equipamientos públicos, mientras que las compañías aseguradoras deberán hacer los propio con las propiedades privadas.
Rodríguez añadió que estas aportaciones presupuestarias se complementarán también con los fondos ordinarios que la Unión Europea destina a Canarias, algo en lo que ya está trabajando el Ejecutivo autonómico.
Ampliar el foco de acción
Precisamente, Rodríguez se reunió hoy con una representación de organizaciones empresariales de La Palma al objeto de analizar un informe elaborado por los empresarios con sus peticiones a corto, medio y plazo para la reparación y reactivación económica de la Isla.
El vicepresidente explicó que la demanda troncal del empresariado consiste en la ampliación de las medidas que se puedan adoptar por parte de las administraciones públicas a los afectados radicados en municipios distintos a los tres dañados directamente por la erupción, así como estudiar alivio fiscal y ayudas para estos.
“Algunas de las propuestas planteadas están en el ámbito competencial del Estado, pero las que nos corresponden a nosotros las estudiaremos para dar la mejor respuesta posible”, dijo Rodríguez, quien recordó que la Consejería de Hacienda aprobó una rebaja fiscal muy importante a tan solo nueve días de haberse producido la erupción.
“Lo importante es que tenemos sobre la mesa un conjunto de propuestas para estudiar, algunas de las cuales ya forman parte de las medidas adoptadas, pero otras las analizaremos para perfeccionarlas”, dijo el vicepresidente.
A la reunión asistieron representantes de la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y del Colegio de Titulados Mercantiles.
