Santa Cruz de Tenerife.- El portavoz y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, apoya al sector veterinario privado en sus reivindicaciones sobre el manejo de animales procedentes de Ucrania y solicita que sean los profesionales oficiales de Salud Pública los que traten a estos animales, debido a que provienen de un país en el que la rabia endémica está presente, lo que puede generar un problema de salud pública.
Fernández de la Puente critica que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) haya creado un protocolo de actuación de estos animales que otorga la responsabilidad a los Servicios Oficiales Veterinarios de las comunidades autónomas. “Esto implica que los servicios veterinarios privados son los que se tienen que encargar de atender a los animales que vienen de Ucrania en sus propias instalaciones”, apunta, lo que, sin duda, “podría generar un grave problema en caso de que se detectase un caso de rabia, puesto que estarían conviviendo con otros animales y es una enfermedad que puede tener consecuencias mortales para el ser humano”, resalta el diputado.
El portavoz de Cs en el Parlamento de Canarias pone de relieve, además, que los veterinarios privados son, en su mayoría, pequeñas empresas, que no pueden asumir los riesgos derivados de tratar a estos animales. Su atención implicaría que, a nivel de gestión de riesgos laborales y de responsabilidad civil, tengan que aumentar sus pólizas de seguros, por ejemplo, además de contar con material especializado o tener que parar la actividad si se produjera un caso positivo de rabia. En este sentido, Fernández de la Puente insiste en que “se están otorgando unas responsabilidades a los veterinarios privados que no les corresponden”.
Por ello, el diputado considera que las medidas de control sanitario de los animales que llegan de Ucrania deben ser llevadas a cabo por los Servicios Oficiales de Salud Pública, lo que evitaría que puedan estar en contacto animales residentes con los recién llegados que aún no hayan pasado las cuarentenas necesarias y, con ello, una posible situación de transmisión de la enfermedad. Y, “en caso de que los veterinarios privados deban colaborar en esta tarea, se les deben proporcionar los medios necesarios para evitar riesgos para su salud o un incremento de los costes”, afirma Fernández de la Puente.