Sumario:
- Espino demuestra a Santana que su Consejería quitó 11 millones a la dependencia y sumó 16 millones para cargos políticos.
- Espino denuncia que en algunos centros de acogida los menores pasan hambre, no reciben atención sanitaria y se fugan.
- Fernández de la Puente pide ayudas para el sector de la distribución para afrontar el nuevo impuesto sobre los plásticos.
Espino demuestra a Santana que su Consejería quitó 11 millones a la dependencia y sumó 16 millones para cargos políticos
La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha demostrado con datos a la consejera Noemí Santana que su Consejería, que es la de Derechos Sociales, recortó el pasado año 11 millones de euros de la partida destinada a atender a personas en situación de dependencia y lo hizo a través de una modificación de crédito, tal y como consta en el informe de la Cuenta de la Administración Pública de Canarias, firmado por la interventora general. Pero no solo se restó ese dinero a la dependencia sino que, según se puede comprobar también en esa misma documentación publicada por la Consejería de Hacienda, se añadieron 16 millones de euros a la sección «Dirección Política y Gobierno» destinada a asesores y que partía inicialmente con 3 millones 500.000 euros por lo que «se multiplicó por cuatro».
Espino ha lamentado que esa sea la triste realidad, si bien hoy en sede parlamentaria la consejera ha asegurado desconocer ese hecho, a pesar de que las modificaciones de crédito, como estas, se tienen que llevar a Consejo de Gobierno, con lo que la propia Santana tuvo que presentarlas en su momento en la reunión que mantienen semanalmente los socios del pacto y de Gobierno. Con la documentación sobre la mesa, Espino ha señalado además otro hecho preocupante y es que, a pesar de ese recorte en dependencia, el pasado año Derechos Sociales dejó sin ejecutar 16 millones de euros de esa partida. «Con lo que si no hubiesen recortado los 11 millones, hubieran dejado 27 millones sin ejecutar solo en dependencia».
La diputada también ha preguntado cuántas nuevas plazas sociosanitarias se han puesto en marcha este año, cuántas se han inaugurado y con cuántas más se cuenta en esta legislatura del Pacto de las Flores. «No me ha respondido en ninguna comisión ni en ningún Pleno», ha lamentado Espino que también ha solicitado esa documentación por escrito en varias ocasiones sin obtener respuesta. «Le he preguntado por la ejecución del Plan Sociosanitario de Canarias hace más de un año y tampoco me han contestado», ha añadido y ha recordado que precisamente de este Plan, el Gobierno recorta en los presupuestos para el próximo año 10 millones de euros, el 27 por ciento.
Espino también se ha interesado en conocer qué ha pasado con las 9000 personas que tenían reconocido el derecho a la dependencia y a las que, sin embargo, no se les había dado una ayuda. «Usted me respondió que esas personas no se les podía dar una ayuda porque necesitaban una plaza sociosanitaria», ha recordado a Santana. Sin embargo, meses después de esta respuesta y con la llegada de la nueva directora general Marta Arocha, la consejera cambió de opinión porque «el sistema tenía que ser otro»,algo que no convenció a los responsables anteriores del servicio y que fueron abandonando el departamento ante lo que se ha venido llamando «ayudas de miseria», reconocidas por la propia Santana y por las cuidadoras de las personas dependientes. «Si todos estamos de acuerdo en que esas ayudas son de miseria ¿Por qué ustedes, que llevan cuatro años gobernando en España, con más recursos que nunca, no han aumentado nunca las cuantías de esas ayudas?», ha preguntado Vidina Espino.
Durante la comisión de Derechos Sociales, la diputada también ha preguntado si se han puesto en marcha ya algunas de las recomendaciones realizadas por el Diputado del Común en el informe que sobre dependencia hizo el pasado año. Entre ellas, contar con un programa informático adecuado que no existía, la agilización de la tramitación de expedientes, impulsar el Plan de InfraestructurasSociosanitarias y una nueva relación de puestos de trabajo en el servicio que cubra el trabajo. En este último punto, Espino ha explicado que Derechos Sociales ha hecho una encomienda de la dependencia a la Fundación Tutelar Canaria, «con contratación bastante irregular de personal», haciendo contratos por obra y servicio, incluso después de aprobada la reforma laboral. «Usted lo sabe» -le dijo a Santana- «porque igual que yo me he reunido con los trabajadores, usted también».
Espino denuncia que en algunos centros de acogida los menores pasan hambre, no reciben atención sanitaria y se fugan
La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha reclamado hoy a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que explique qué está haciendo su departamento ante las graves irregularidades detalladas en un informe de 2021, en el que los propios trabajadores del Servicio de Protección y Prevención de Menores denuncian, entre otras cosas, que los menores bajo tutela del Gobierno de Canarias pasan hambre, no reciben atención psicológica, sanitaria, sufren robos y no están vigilados, con lo que se fugan continuamente de los centros.
No es la primera vez que Espino exige a Santana que actúe ante esta situación tan grave y preocupante que afecta a menores desamparados que, por diversas causas, tienen que ser acogidos. En Canarias, son en total 1729 menores, de los cuales 698 están en acogimiento residencial. El pasado mes de mayo la diputada ya reclamó a la consejera que asumiera su responsabilidad y no guardase en un cajón la denuncia de los centros de menores.
En aquel momento, hace ya seis meses, Espino lamentó que la inacción y falta de respuesta de los responsables de Derechos Sociales hubiera obligado a los trabajadores a poner este «informe demoledor» en conocimiento de la policía nacional y de la fiscalía. La diputada pidió también entonces una auditoria de todos los centros de menores de Canarias y solicitó al Diputado del Común que investigase, como hizo con las residencias de mayores, lo que está sucediendo en los centros de menores.
Durante su intervención hoy en la comisión de Derechos Sociales, Vidina Espino ha detallado algunas de las irregularidades que los propios menores, trabajadores y familiares han denunciado y que se recogen en el informe. Entre ellas, destacan la falta de atención psicológica, sanitaria y educativa, la carencia en el seguimiento escolar y en la protección de la salud. Según testimonio de algunos menores, «solo hay comida los tres primeros días del mes cuando hacen la compra». En unos centros, se producen irregularidades en la prestación de servicios de alojamiento y manutención mientras que, en otros, cuentan que les roban la ropa y sus artículos personales. Algunos familiares relatan también que «no están vigilados y que se fugan continuamente de los centros». Tampoco se les ayuda con la medicación ni para cubrir sus necesidades básicas.
La diputada ha aclarado que no se trata solo de un centro sino de varios y ha señalado que las irregularidades más grave se produjeron en el de La Retamita, que fue cerrado por la Consejería. En este punto, Espino ha recordado que hace meses pidió saber qué inspecciones se realizan en estos centros de acogida y que la única respuesta que ha recibido por parte el Gobierno es que «cada seis meses se emite a la Fiscalía un informe de los mayores de 6 años y un informe de los menores de 6 años cada tres meses». Por ello ha pedido saber qué inspecciones y cuántas visitas se hacen y si la fiscalía se ha interesado por este asunto.
Dado que hace meses la diputada Vidina Espino tuvo que suspender la visita que había solicitado hacer a estos centros por haber dado positivo en Covid, hoy ha vuelto a solicitar realizar esa visita y ha pedido hacerla acompañada por alguno de los trabajadores que firman el informe porque son ellos quienes conocen la realidad. El objetivo: comprobar si las irregularidades se han corregido.
Fernández de la Puente pide ayudas para el sector de la distribución para afrontar el nuevo impuesto sobre los plásticos
El portavoz del Grupo Mixto y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, solicita a las instituciones un plan de ayudas para las empresas de distribución para que puedan continuar siendo competitivas.
Sobre ello, el diputado explica que, a los elevados costes energéticos a los que han tenido que enfrentarse en los últimos meses, se suma ahora un nuevo impuesto que deberán empezar a pagar el próximo año.
Así, expone que, a partir del 1 de enero de 2023, se pondrá en marcha el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables que afecta de manera especial a distribuidores y fabricantes, pero que terminará recayendo en el consumidor final, al ver elevados los precios.
Además, recuerda que “las empresas canarias aún necesitan realizar más esfuerzos para ser competitivas”, al contar con los costes extra asociados a la lejanía e insularidad. Por ello, “es imprescindible planear medidas que les permitan continuar con su actividad, sobre todo en un momento en el que tendrán que hacer frente a nuevos gastos”, matiza.
Fernández de la Puente se muestra a favor de las medidas que vengan a fomentar la economía circular y promover un futuro sostenible. Sin embargo, considera que medidas de este tipo deberían implementarse de manera paulatina, para no afectar drásticamente a las compañías.
En concreto, este nuevo impuesto impone a las empresas la obligación de declarar los kilos de plástico de los envases primarios, secundarios y terciarios que acompañan a las mercancías. “En la actualidad, aún no se ha eliminado del todo el consumo de plástico, por lo que es muy difícil que las compañías puedan dejar de usarlo de la noche a la mañana”, explica.
Esto ocasiona, continúa el diputado, que las empresas tengan que seguir usándolos en sus procesos diarios. “Implementar un impuesto de este tipo en estos momentos terminará afectando al precio de venta y, por tanto, serán los consumidores finales quienes terminen asumiendo este coste”, afirma.
Por otro lado, Fernández de la Puente recuerda que este impuesto ya está vigente en algunos estados de la UE, pero, “el hecho de que su implantación no sea igual en todos los países, ocasiona perjuicios en las empresas de aquellos que sí deben hacer frente ya, además de que dificulta su implementación en las que operan en diferentes países”, puntualiza.
