Hoy se continúa celebrándo la XXVIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea
EFE. Santa Cruz de Tenerife.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este jueves que las islas sufren una presión migratoria que no pueden afrontar sin apoyos y ante las que se sienten solas, «sin respuestas adecuadas desde la Unión Europea, con una atención insuficiente por parte del Estado y una débil solidaridad del resto de las regiones españolas», ha añadido.
Al abrir la segunda jornada de la conferencia anual de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), en la que le acompaña la comisaria europea de Cohesión, Elisa Ferreira, el presidente de Canarias ha dicho que es urgente que los Veintisiete articulen vías de migración legal y circular, que no penalicen a las regiones de primera llegada, como es el caso de las islas, por su situación geográfica.
Clavijo ha afirmado que la solución pasa por la responsabilidad compartida del conjunto de la Unión Europea, que supere la solidaridad voluntaria y que evite que sólo los territorios de llegada de los migrantes sufran las consecuencias.
Según ha recordado, hasta finales del pasado mes de octubre habían llegado a Canarias más de 31.000 personas por vías de inmigración irregular, a bordo de cayucos procedentes de la costa de África Occidental.
A ellas habría que sumar todas las que han perdido la vida tras el sueño europeo a través de la Ruta Atlántica, ha lamentado el presidente, quien ha comentado que se trata de la peor crisis migratoria de la historia de Canarias, que ya ha superado el récord de 31.678 personas migrantes del año 2006.
A nivel nacional, Canarias, que representa apenas el 4 % de la población española, ha recibido este año alrededor del 57 % del total de personas migrantes que han llegado al país, y casi el 60 % del total de migrantes que lo han hecho por vía marítima.
Ha hecho hincapié en la llegada de menores no acompañados, cuya acogida y tutela recae en solitario sobre el Gobierno de Canarias, ha advertido Clavijo, quien ha precisado que actualmente hay unos 4.700 menores no acompañados, a los que se debe ofrecer protección y acceso a todos los servicios básicos.
Según el presidente, se prevé en 2023 un gasto para atender a estos menores de mas 75 millones de euros, lo que representaría, en siete años, tanto o más que todo el Fondo RUP asignado a Canarias para el periodo 2021-2027.
«El problema no es sólo una cuestión de dinero, la llegada de nuevos habitantes a cualquier lugar, sea temporalmente o con un proyecto de vida más duradero, tiene evidentes repercusiones sobre múltiples dimensiones, entre ellas la convivencia social y su complejidad ante la dimensión multicultural», ha aseverado.
Además, ha señalado que el fenómeno migratorio es global y estructural, y continuará en el tiempo mientras que el PIB de los países africanos de origen de estas personas que se juegan la vida en el mar sea apenas el 10 % del PIB europeo.
El presidente ha lamentado que los problemas competenciales y de coordinación no pueden resultar en una falta de acción, ni en una simple derivación de responsabilidad, al tiempo que ha exigido a la Unión Europea medidas específicas similares a las adoptadas en Lampedusa, que garanticen un protocolo único y eficaz para la atención a los menores migrantes no acompañados.
También que se protejan los derechos de la infancia y la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión que proporcione mayores medios de ayuda y respuesta rápida en situaciones de emergencia, ha añadido.
En su discurso el presidente también se ha referido a una devaluación de la consideración de la ultraperiferia en los grandes expedientes europeos.
En este sentido ha hablado del proceso de negociación del paquete legislativo «Fit for 55», que incluye cuestiones tan importantes para las RUP como el sistema de comercio de derechos de emisión, tanto en el transporte aéreo como marítimo, y que contiene excepciones insuficientes para las RUP.
«Nuestras regiones continúan extremadamente preocupadas por sus posibles efectos sobre nuestra conectividad y nuestra competitividad», ha asegurado.
Por otro lado se ha detenido en de la reciente adopción de importantes directivas en materia de fiscalidad directa, como la relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición del 15 % para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión, «con singular afección al sistema de controles aduaneros y al comercio electrónico».
En su opinión, en todas estas iniciativas y en sus desarrollos se echa en falta una evaluación de impacto que tome en consideración los efectos sobre las RUP.
Asimismo, ha denunciado que «la ultraperiferia sigue siendo un dossier incompleto en la actividad europea», que exige de una gran labor de explicación y sensibilización en las tres principales instituciones europeas, Comisión, Consejo y Parlamento europeos.
