Santa Cruz de Tenerife.- Cáritas Diocesana de Canarias, en su trabajo de atención a las mujeres en contexto de prostitución, ha constatado el significativo aumento del 54% de mujeres muy jóvenes, entre 19 y 24 años, muchas de origen canario. Jóvenes que son captadas por el sistema prostitucional a través de sus perfiles personales de redes sociales.
El nuevo perfil de mujeres en situación de prostitución identificado por Cáritas Diocesana de Canarias atiende a mujeres canarias muy jóvenes. El sistema de captación usa las redes sociales como puerta de entrada. A través de sus perfiles digitales, les proponen planes atractivos con los que tratan de captarlas para demandantes de alto poder adquisitivo. Esta fórmula de captación es especialmente eficaz en las jóvenes que carecen de una red de protección.
Para Cáritas Diocesana de Canarias, la falta de red de protección genera vulnerabilidad en las mujeres, por la ausencia de apoyo emocional que prevenga situaciones de exposición a la explotación sexual, especialmente en las mujeres más jóvenes. Además de suponer un desamparo en caso de necesidad económica como en el caso de jóvenes recién salidas de centros de menores, con una situación familiar desestructurada y el desamparo institucional una vez cumplen la mayoría de edad.
La violencia contra las mujeres se recrudece
Cáritas Diocesana de Canarias ha constatado un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en contexto de prostitución. Violencia que va más allá del ámbito concreto de la prostitución y se traslada también a otras esferas donde las mujeres viven situaciones de violencia soterrada. Para Cáritas Diocesana de Canarias la violencia en contextos de prostitución es intrínseca al sistema de explotación sexual.
El simple acceso al cuerpo de una mujer que no lo desea es violencia sexual y los demandantes ven legitimado el uso de la violencia por haber pagado el “servicio”, demandando prácticas sexuales degradantes y humillantes para las mujeres, que se inspiran, principalmente, en lo que muestra la pornografía consumida por la mayor parte de estos hombres.
El uso de la violencia de los proxenetas y personas implicadas en la red de explotación sexual difiere en función de los medios de coacción. Desde el sistema de deuda que ata a las mujeres al sistema prostitucional, hasta el uso del juju1 (en el caso de las mujeres nigerianas) con el fin de someterlas bajo la amenaza de morir ellas o sus familiares si incumplen el pago de la deuda supuestamente derivada de los gastos del viaje y el pago a los proxenetas que suele ser en torno a 50.000 euros para las mujeres nigerianas.
Violación de derechos
Esta violencia ejercida sobre las mujeres en contexto de prostitución se traduce en vulneración de derechos. Por un lado, vulneración del derecho a la vivienda cuando viven bajo un sistema de plazas que las obliga a alojarse en los mismos lugares donde son explotadas sexualmente, sometiéndose muchas veces a las condiciones impuestas en estos lugares para no quedar en situación de calle y estando en constante movilidad geográfica. Esto no les permite generar arraigo en un hogar ni poder empadronarse.
O cuando intentan alquilar una vivienda y no acceden a un contrato por el estigma de ejercer la prostitución o por los numerosos requisitos que les exigen.
La violencia vivida por las mujeres en situación de prostitución también afecta al derecho a la salud. Cáritas Diocesana de Canarias también advierte que, de una forma indirecta, la salud mental de las mujeres se ve profundamente afectada. El trabajo de Cáritas acompañando a las mujeres en situación de prostitución pone de manifiesto la proliferación de secuelas psicológicas derivadas de la prostitución: depresión, trastorno de estrés post-traumático, etc. Muchas de las mujeres se encuentran medicadas o anestesiadas emocionalmente para poder seguir asumiendo esta situación.
La mayoría de las mujeres acompañadas por Cáritas relatan que para poder «ejercer» la prostitución realizan ejercicios de despersonalización que, en el largo plazo, puede redundarles en secuelas psicológicas. Así como, el mantenimiento de exigencias sexuales de tal intensidad y violencia que les genera estrés post-traumático o el asumir tantas cargas de responsabilidad aquí y en origen les ocasiona trastornos de ansiedad y depresión.
Internet, otro espacio de violencia
Internet es un medio que ha proliferado a partir del confinamiento. El uso de webcams para la exposición de las mujeres a prácticas sexuales es lo más común, con el agravante de poder ser grabadas, lo que implica la permanencia del acto y la posibilidad de que sus imágenes sean usadas sin consentimiento en otras plataformas, situación que ya se ha dado.
Internet, asimismo, supone un espacio en el que el sistema anuncia a las mujeres y donde los hombres comparten información sobre los «servicios de prostitución», como si de una mercancía se tratara. De hecho, las plataformas se asemejan a otras relacionadas con la venta de coches o de reseñas de viajes.
El perfil más general de la prostitución atiende a mujeres extranjeras en situación administrativa irregular, procedentes principalmente de países extracomunitarios como Colombia, Venezuela y Nigeria. Las mujeres procedentes de países europeos provienen, principalmente de Rumanía. Vincularse a una red de trata muchas veces es la única alternativa para llegar a España.
La situación administrativa representa uno de los principales factores que empuja a las mujeres al ejercicio de la prostitución. La legislación en materia de extranjería dificulta la regularización de la población migrante que llega con visados temporales o como turista, o que entran de forma irregular, imposibilitándoles acceder a la economía formal y a otras fuentes de ingresos.
Incluso las mujeres de nacionalidad comunitaria encuentran dificultades al no poder inscribirse en el Registro Central de Extranjeros por no tener los medios económicos (ya sea a través de un empleo o demostrando recursos suficientes) ni el seguro de enfermedad requerido para registrar su residencia en España.
Estos usos de la violencia explícitos son mínimamente denunciados por las mujeres que encuentran muchas veces en los ámbitos institucionales un obstáculo para el ejercicio de sus derechos al dar por hecho que la exposición a la violencia es inherente al ejercicio de la prostitución y algo que deben asumir, cuestionando constantemente el relato de la víctima. Esto genera una doble violencia contra la mujer en situación de prostitución: la sexual ejercida por el demandante y la institucional ejercida por personal de las instituciones públicas, que además frena a las mujeres a la denuncia.
Para Cáritas Diocesana de Canarias la violencia contra la mujer es una constante en la prostitución, que atenta directamente contra la integridad de las mujeres y el ejercicio de sus derechos. La prostitución no se configura como un fin en sí mismo, se contempla como una estrategia de supervivencia condicionada por un contexto social que tiene como punto de partida la exclusión social.
Las mujeres que llegan a una situación de prostitución tienen en común ser personas vulnerables: sin recursos económicos, sin red de protección, sin alternativas, etc. y, en muchos casos, haber sido expuestas a maltrato o abuso sexual en la infancia. La prostitución se les presenta, en gran parte de forma coaccionada, como única alternativa de supervivencia.
Ante esta violencia generalizada Cáritas Diocesana de Canarias denuncia también que la sociedad civil actúa con indiferencia y, a nivel institucional, la violencia se muestra en la negación de derechos y en un trato desigual y discriminatorio.
1 Término empleado para designar algunas prácticas mágico-religiosas de la religión tradicional el África Occidental.
