Las Palmas de Gran Canaria.- El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud la concesión al Cabildo de Lanzarote de una subvención directa destinada a cubrir parte de los gastos del mantenimiento de las plazas residenciales de menores extranjeros por importe de 551.880 euros.
Asimismo, se ha dado cuenta de las resoluciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de fecha 3 y 19 de diciembre de 2019, relativas a la contratación de un servicio consistente en un dispositivo de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados en la isla de Fuerteventura, este por valor de 267.462,90 euros.
La tramitación de ese servicio en la isla de Fuerteventura se hace mediante procedimiento de emergencia, dada la llegada intermitente de embarcaciones con menores extranjeros a la isla y ante la inexistencia de recursos para la primera acogida de menores.
Tal y como establece la Estrategia Canaria de Infancia, Familia y Adolescencia, tanto los cabildos como el Gobierno de Canarias son responsables de la planificación y adecuación de la red de recursos para menores extranjeros no acompañados, incluyendo recursos humanos multiprofesionales que contemplen la variable cultural.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, la Comunidad Autónoma de Canarias debe velar por el bienestar de todos los menores de dieciocho años que residan o se encuentren transitoriamente en el Archipiélago, estableciendo la distribución de funciones y competencias de atención, la regulación de las medidas y actuaciones administrativas de prevención, en situación de riesgo, de amparo e integración social, así como el régimen de colaboración y participación social en estas actividades.
Como establece la ley, corresponde a los cabildos la gestión de centros y servicios públicos de acogida insular o supramunicipal y de los que tengan incidencia en la población insular, así como la prestación de los servicios especializados de atención al menor.
Canarias asumirá la tutela financiera de las entidades locales previo acuerdo con el Estado
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy, lunes 30 de diciembre, el inicio del proceso para asumir la competencia en materia de Hacienda Pública y Tutela Financiera de las Islas y Municipios, prevista en el nuevo Estatuto de Autonomía, si bien ésta no se ejercerá por Canarias en tanto no se produzca el traspaso de medios personales y materiales por parte del Estado.
El acuerdo adoptado hoy en Las Palmas de Gran Canaria incluye la solicitud de convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias con el objeto de negociar los detalles del traspaso.
La decisión del Gobierno se produce después de que el Ministerio de Hacienda haya instado al Ejecutivo autonómico a solicitar a las entidades locales que han incumplido las reglas fiscales un plan económico financiero o a adoptar acuerdos de no disponibilidad de crédito.
La Comunidad Autónoma entiende que, si bien le corresponde la titularidad de la competencia desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto, “es necesario, para la asunción de esta, el traspaso de los medios personales y materiales adscritos a la tutela de las entidades locales canarias por parte del Estado, debido a que por la propia naturaleza de la competencia así se aconseja y por el principio de seguridad jurídica así se precisa”.
“Por ello -continúa el acuerdo-, el ejercicio de la competencia ejecutiva en esta materia debe seguir siendo ejercida por el Estado mientras los medios y servicios no sean traspasados, a efectos de garantizar la continuidad de la tutela financiera de las entidades locales”.
La competencia en Hacienda Pública y Tutela Financiera permitirá a Canarias, por ejemplo, autorizar operaciones de endeudamiento a largo plazo de los cabildos insulares y ayuntamientos canarios de más de 75.000 habitantes cuando incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública; autorizar las operaciones de crédito a largo de plazo de las entidades locales, o emitir informes sobre sostenibilidad financiera de las entidades locales para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.
Del mismo modo, la Comunidad Autónoma estará facultada para aprobar los planes económico-financieros de las entidades locales sujetas al régimen de cesión o para realizar el seguimiento de las obligaciones de suministro de información.
El Gobierno de Canarias concede una subvención de 213.000 euros al centro de educación especial San Juan de Dios para gastos de transporte
El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, lunes 30 de diciembre, en Consejo de Gobierno, la concesión de una subvención al centro privado concertado de educación especial (CPEE) San Juan de Dios, el localizado en Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y por importe total de 213.258,30 euros. El apoyo público está dirigido a sufragar los gastos del transporte escolar adaptado en el periodo de septiembre a noviembre de 2019, más cuatro días lectivos de diciembre de este mismo año.
Es competencia de las administraciones educativas adecuar las condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y tecnológicas de los centros educativos, y dotarlos de los recursos materiales y de acceso adecuados a las necesidades del alumnado escolarizado, sobre todo en el caso de personas con discapacidad, para garantizar así una atención inclusiva y accesible a todos los alumnos y alumnas.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que pueden concederse subvenciones de forma directa, con carácter excepcional, cuando se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario u otros motivos que dificulten su convocatoria pública. Asimismo, en esta convocatoria se ha promovido la concurrencia porque se ha propiciado que todos los centros concertados de educación especial del Archipiélago presenten solicitud de subvención y se ha sometido su concesión a criterios unificados y comunes.
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda reparte 47,5 millones de euros entre los cabildos para subvencionar el transporte por carretera
El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, para proceder a la transferencia entre los siete cabildos insulares de los 47,5 millones de euros que el Gobierno de España ha concedido a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar el transporte público regular de viajeros. Por segundo año consecutivo, la Administración General del Estado amplía esta partida destinada a las islas en 20 millones, ya que originalmente esta subvención es de 27,5 millones de euros.
A esta partida que concede el Estado hay que sumar otros 10 millones de euros de fondos propios que aporta el Ejecutivo regional a través de la Dirección General de Transportes y que ya han sido distribuidos entre los cabildos, por lo que finalmente se transferirán este año un total de 57,5 millones de euros.
Con esta partida de fondos estatales y autonómicos se garantiza la operatividad del sistema de transporte público de viajeros por carretera del Archipiélago ya que los cabildos repartirán luego estas ayudas entre los distintos operadores que operan en cada isla. Estas compañías de transporte colectivo urbano o interurbano de pasajeros, tanto en guaguas como en tranvía, podrán emplear esta subvención para financiar gastos de explotación o para garantizar las bonificaciones establecidas para estudiantes, jubilados y otros colectivos beneficiados.
El Ejecutivo procederá ahora a la transferencia de ese importe a los Cabildos porque son estas instituciones las que tienen delegadas las competencias en el transporte regular terrestre. El número de operadores beneficiarios es de 14 en todo el Archipiélago, siendo por isla: uno en La Palma, uno en El Hierro, uno en La Gomera, dos en Tenerife, dos en Lanzarote, seis en Gran Canaria, y uno en Fuerteventura.
El importe por islas es el siguiente:
El Hierro: 1.011.500 euros
Fuerteventura: 2.490.500 euros
Gran Canaria: 19.473.000 euros
Tenerife: 18.428.000 euros
La Gomera: 1.204.000 euros
La Palma: 2.421.750 euros
Lanzarote: 2.471.250 euros
Para la justificación de esos fondos la Consejería lanza una orden por la que los Cabildos deben justificar una serie de indicadores, como son kilómetros recorridos, plazas ofertadas, viajeros por línea, tarifas por título, auditoría de sus estados financieros, número de vehículos, edad media de la flota, inversiones en movilidad y políticas de reducción del impacto ecológico, además de varios indicadores de calidad como número de paradas con marquesina, con sistema SAE o encuestas de satisfacción de los clientes.
