Las Palmas de Gran Canaria.- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibió esta mañana al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la firma del convenio entre el Gobierno autonómico y el Ejecutivo central para mejorar la atención a personas migrantes que llegan a las costas de las islas por valor de 50 millones de euros.
En el acto, al que asistieron la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó que la partida que hoy se canaliza se incluyó por primera vez en los presupuestos estatales de 2022 y «se podrá destinar a la atención de menores durante este año y 2023. Con estos recursos se busca mejorar la estancia y atención de esas personas en las islas», apuntó Torres.
Tanto el presidente como el ministro dieron detalles del convenio, que establece la atención a personas migrantes nacionales de terceros países acogidas en centros gestionados por la Comunidad Autónoma; actuaciones sanitarias destinadas a personas migrantes nacionales de terceros países desarrolladas en los centros de gestión compartida del Gobierno de Canarias y del Ministerio, incluyendo aquellas actividades para atender a personas afectadas por protocolos de cuarentena covid, y acciones para mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de jóvenes extutelados, un aspecto recogido con el cambio de la Ley de Extranjería de hace un año, el que refuerza este ámbito, según recordó Escrivá. También podrán financiarse actuaciones en los países de origen para prevenir la migración irregular.
Solidaridad obligatoria
Torres indicó que, si bien el acuerdo en la mesa sectorial para el reparto de casi 700 menores llegados a Canarias entre el resto de comunidades autónomas es «un gran paso, porque hasta ahora solo había una solidaridad voluntaria», se sigue necesitando un cambio de la ley en las Cortes para que se instaure una corresponsabilidad obligatoria que permita un reparto ajustado a la población y las características de los territorios y que además cuente con recursos suficientes.
El presidente de Canarias recordó que, de esos casi 700 menores, ya se han redistribuido 208, mientras que el resto se irá repartiendo entre este año y 2023. No obstante, considera que sigue siendo insuficiente y que se precisa un cambio normativo que es difícil que se apruebe en lo que queda de la legislatura estatal. Eso sí, lo cree imprescindible, cuanto antes, y, como el ministro, critica la demagogia de diversos partidos sobre la migración. «La política es buscar soluciones a los problemas y hay gente que critica los establecimientos actuales para atender a migrantes, pero no dan alternativas. Si se dice lo que se siente y se siente lo que se dice, seguro que hay instalaciones municipales que se pueden ceder, como ocurre en Arrecife, pues eso ya lo hicimos otros alcaldes antes, cuando gobernaban otros». A su juicio, «sobra demagogia, populismo y oportunismo político y falta solidaridad y sensibilidad».
El ministro Escrivá recalcó que, con esta, ya ha realizado cuatro visitas a Canarias en tres años, «la comunidad que más ha visitado como ministro». Según remarcó, «este convenio es el resultado de un trabajo muy fino entre el Ministerio y la Consejería. «Supone un reconocimiento claro del Gobierno de España a las tareas añadidas que tiene Canarias en el ámbito migratorio por el reto que significa estar tan cerca de África, esfuerzo que se materializa en la enorme carga singular que tienen las islas con la tutela de los menores no acompañados, más de 2.200 ahora, situación absolutamente singular en España».
Además, sostuvo que, junto con la Consejería, el Gobierno de España ha trabajado con las autoridades europeas «la singularidad canaria, de forma que en los próximos presupuestos comunitarios haya cantidades significativas para apoyar los gastos de Canarias con los menores no acompañados», con financiación a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la UE.
Torres: «La Consejería de Derechos Sociales está realizando un trabajo ejemplar»
Torres recordó que, en 2020, en plena pandemia, llegó el 700% más de migrantes a Canarias (de 2.000 personas se pasó a casi 24.000). En este 2022, han arribado por mar 600 personas menos que en 2021, pero recalcó que se trata de un fenómeno que seguirá por factores como las hambrunas, las guerras en África, los efectos de la invasión rusa de Ucrania o la desertización por el cambio climático.
Por eso, el presidente considera clave esa solidaridad obligatoria, para que el peso de la migración irregular no recaiga solo en los territorios fronterizos, «tal y como está reclamando España a la UE con motivo del Pacto sobre Migraciones y Asilo». Asimismo, resaltó el «trabajo ejemplar» de la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, pues «atiende de manera inmediata a cualquier migrante que diga que es menor sin comprobar si eso es verdad o no, algo que no ocurre en otras comunidades. Ello deja claro que aquí anteponemos el estado del bienestar y los derechos sociales a todo aquel que lo precise».
El presidente aludió, asimismo, al hecho de que, al llegar al poder en 2019, se habían desmantelado todos los recursos para migración por los gobiernos de Rajoy, mientras que, ahora, se cuenta con medio centenar de ellos.
