Santa Cruz de Tenerife.- El Consejo de Gobierno acordó este jueves la declaración de concurrencia de una circunstancia de catástrofe para poder realizar una ampliación de crédito, con el objetivo de tramitar, en un expediente posterior, un aumento de diez millones de euros en determinadas partidas para ayudas de emergencia por el volcán de La Palma.
La propuesta se fundamenta en la necesidad de disponer la concesión de ayudas de emergencia como consecuencia del cese de actividad de las personas trabajadoras autónomas, de las pymes y empresas de las zonas afectadas por la erupción volcánica, para lo que resulta preciso un próximo incremento de la dotación existente en un programa presupuestario de la Dirección General de Promoción Económica.
En concreto, las ayudas se destinan a las sociedades mercantiles y personas trabajadoras por cuenta propia que no puedan desarrollar su actividad empresarial o profesional como consecuencia de la erupción del volcán, ya sea debido a la pérdida total del negocio o porque las circunstancias sobrevenidas impidan totalmente el normal desarrollo de la actividad.
El Gobierno crea un registro único para facilitar la petición y concesión de ayudas a los afectados por la erupción
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy un decreto ley que regula el marco general de la tramitación de las ayudas a los afectados por la erupción de La Palma y que incluye la creación de un registro único que facilitará la petición y concesión de subvenciones.
La norma establece que el Registro de Personas Afectadas se constituirá en la principal herramienta para la agilización de ayudas, puesto que permitirá a éstas acreditar su condición y ser beneficiarias de las mismas.
El decreto evitará que los damnificados tengan que dirigirse a diferentes departamentos del Gobierno canario o administraciones para pedir las subvenciones, dado que la simple inscripción en el registro da inicio de oficio al procedimiento y sirve como solicitud.
En este sentido, la norma señala que el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales trabajarán de forma coordinada para la mejor aplicación de las medidas previstas, así como para el intercambio de datos necesarios, y en su caso, celebrarán los convenios de cooperación que resulten necesarios, sin perjuicio de sus propias competencias. Las corporaciones locales podrán actuar como entidades colaboradoras del registro.
Podrán inscribirse en el registro todas las personas físicas o jurídicas o entidades que hayan sufrido daños o pérdidas de carácter personal o material, así como perjuicios económicos, derivados directamente de la situación de emergencia creada por las erupciones volcánicas en la isla de la Palma.
Las solicitudes de inscripción podrán presentarse, por el propio interesado o mediante representante, en la sede de la Oficina de Coordinación Económica y de Asistencia a los Afectados, en Los Llanos de Aridane o en las oficinas de registro del Gobierno de Canarias. Del mismo modo, los trámites se podrán realizar telemáticamente, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en https://sede.gobcan.es/sede/.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias consultará de oficio los datos de identificación, residencia y convivencia, circunstancias sociales y económicas y cualquier otros que resulten precisos para acreditar la condición de afectado y para la posterior concesión de las ayudas.
El Registro de Personas Afectadas está adscrito a la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias.
Carreteras y obras hidráulicas afectadas, de interés general
El decreto también habilita al Gobierno para realizar obras de reposición en las carreteras, con independencia de la administración a las que correspondan, procediéndose luego a la devolución de dichas actuaciones en carreteras a la administración competente.
Igualmente, y para garantizar el agua de consumo humano y riego agrícola, el Gobierno podrá ejecutar cuantas actuaciones sean precisas en las infraestructuras hidráulicas, declarándolas de interés regional.
