Santa Cruz de Tenerife.- El secretario general local de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz, Alfonso Cabello, entiende que «esta es la enésima vez que la justicia deja en evidencia los intentos del PSOE de Patricia Hernández, en este caso relacionado con la Casa Siliuto, por paralizar el avance de Santa Cruz» y argumenta que «la estrategia de judicializar la vida política municipal han terminado en nada, con resoluciones contundentes, en este caso de la Audiencia Provincial, que señala, además, que el proceso penal de investigación no puede convertirse en una suerte de inquisición general».
Cabello insiste en que «la Justicia sigue dándole varapalos a Patricia Hernández, desestimando sus intentos de paralizar la gestión que los nacionalistas llevamos a cabo, en su convencimiento de que cuanto peor le vaya a Santa Cruz, mejor le irá a ella» y recuerda que «han quedado en nada, y ya no caben recursos, en asuntos como el intento de paralizar el asfaltado de más de 50 calles; la denuncia contra las ayudas PEAS a las personas vulnerables del municipio; los intentos de empañar el Carnaval con denuncias por contrataciones que han quedado desestimadas, etcétera», enfatiza.
«El PSOE de Patricia Hernández –recuerda Cabello- ha mantenido en varios momentos de este mandato una incomprensible actitud política para un partido que se denomina progresista al impugnar el incremento presupuestario para ayudar a las familias vulnerables del municipio» y asegura que «parece que le puede su intención de bloquear la acción del gobierno municipal, aún a costa de perjudicar a las personas que necesitan los recursos económicos para sortear parte de las dificultades que padecen».
En este caso, sobre el que la Audiencia Provincial determina que no cabe recurso, la Sala acuerda «desestimar el recurso de apelación interpuesto por la dirección Letrada de Patricia Hernández Gutiérrez y otros contra el auto de 6 de abril de 2022 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife a través del que se desestimó el recurso de reforma interpuesto contra el auto de 14 de marzo de 2022 dictado por el mismo Juzgado».
Para finalizar, el secretario general local de los nacionalistas recuerda que al inicio de la judicialización de este supuesto caso, «ya dudábamos de que a las direcciones insular y regional de los socialistas les parecieran apropiadas las actitudes de Patricia Hernández, que suponen quebrar las más mínimas reglas del juego democrático, donde no caben las descalificaciones personales» y concluye «mucho menos el uso de la vida privada de las personas, algo que debe ser constitutivo del mayor de los respetos».
