Las Palmas de Gran Canaria.– UNIDOS por GRAN CANARIA adopta este voto negativo al ser rechazada su enmienda al PTP-15 que trataba de evitar la demoledora acción que se propone por aplicación estricta de la legislación de Costas sobre viviendas, edificaciones, fincas y solares en los núcleos de Bañaderos, Quintanilla, San Andrés y El Roque, de los términos municipales señalados.
Nuestra postura es coincidente con pronunciamientos por unanimidad adoptados por los municipios afectados. A título de ejemplo, la Declaración Institucional del 29 de julio de este año del Ayuntamiento de Arucas, en defensa de los núcleos costeros en Arucas (adoptado este acuerdo por unanimidad por representantes del PSOE, Nueva Canarias, Partido Popular, Podemos, Coalición Canaria, Ciudadanos y concejal no adscrito).
El primer pronunciamiento de esa Declaración Institucional es “a favor de la continuidad y la seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Arucas que reúnen un valor objetivo protegible en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica”.
En esta misma línea, la enmienda de UNIDOS por GRAN CANARIA (UxGC) a este PTP-15, presentada el 21 de julio del presente año, hacía compatible el desarrollo de un Plan que mejorase las infraestructuras de transportes, las comunicaciones del norte de la isla y el desarrollo de actividades económicas y sociales, de esta importantísima zona de Gran Canaria, con la alternativa de la opción 0, que era la que proponíamos en la enmienda, por ser una de las que el propio PTP-15 preveía como posible -y por tanto con soporte jurídico suficiente , pues de no ser así no se hubiese planteado como alternativa posible-. Como aclaración necesaria, decir que la opción 0 es la opción de no intervenir en esa área, por las razones que se exponen en la propia enmienda.
UNIDOS por GRAN CANARIA (UxGC) proponía que “en los paseos marítimos que afecten a viviendas e inmuebles privados, se aplicará la opción 0 prevista en el citado Plan, y, por tanto, se regirán por los Planes Generales de Ordenación municipal, las afecciones en la costa, que se cuantifican en unos 300 inmuebles (49 en Santa María de Guía, 90 en Moya y 129 en Arucas) a los que habría que sumar otras expropiaciones en otras edificaciones y solares de vecinos.
Por ello, se propone dejar fuera del Plan las expropiaciones innecesarias de viviendas u otros inmuebles relacionados con la Ley de Costas, tanto de dominio público como de las servidumbres de tránsito y protección”.
Esta era una propuesta más que razonable, y consideramos por ello que no debió rechazarse por Nueva Canarias, PSOE y Podemos:
- Porque no afecta de manera esencial ni retrasa la ejecución del PTP-15, que en conjunto apoyamos, pero cuyo desarrollo es muy voluminoso y requerirá años y múltiples esfuerzos de ejecución (recuérdese que este Plan se inició ya hace más de 13 años por acuerdo de este Cabildo de 20 de abril de 2009).
- Porque busca un consenso que compagine interés público y privado (tal y como siempre reclamaron sobre todo los regidores municipales de Arucas, Santa María de Guía y Moya). Siempre se ha reconocido que los Ayuntamientos son las administraciones más cercanas a las inquietudes e intereses de los vecinos.
- Porque impide que el criterio más drástico de intervención, que se traslada vía PIOT a toda la isla, se generalice a otros municipios costeros, que sin duda se verán afectados si se aplica por igual esta doctrina a toda la isla, como por otra parte debería hacerse para no discriminar por zonas.
- Y, además, porque permitiría que tras la transferencia real de competencias en materia de Costas a Canarias, a partir de enero de 2023, se estudiasen de manera más cercana, actuaciones e intervenciones equilibradas y similares en todas las islas, que compaginen, como decimos, el interés general de ordenación del litoral marítimo, con derechos adquiridos, o al menos situaciones de facto mantenidas a lo largo de muchos años, como ha ocurrido y ocurre en buena parte del litoral marítimo español en su conjunto, y desde luego en el canario.
 por afectar de manera muy directa a cerca de 300 viviendas en los municipios de Arucas, Moya y Santa María de Guía){kind=link}