Santa Cruz de Tenerife.- Medio centenar de vigilantes de seguridad vuelven a sufrir la pesadilla de los impagos salariales en una empresa que presta los servicios para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En este caso se trata de la plantilla de la SH Lanzarote, que no ha cobrado las nóminas de marzo y abril, y cuya situación desesperada ha denunciado en una reciente Comisión de Control el grupo de Unidas Podemos (Izquierda Unida- Podemos-Equo).
La concejala Dolores Espinosa, vigilante de profesión y también trabajadora de esta empresa, advierte de que una buena parte del casi medio centenar de familias afectadas por estos impagos salariales «están ya en punto en el que necesitan recurrir de forma urgente a los servicios sociales públicos para poder sobrevivir”.
El Ayuntamiento ya ha transmitido a los sindicatos vía email que estos vigilantes pueden solicitar ayudas de emergencia en el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), pero, según Espinosa, que además es secretaria del comité de empresa de SH Lanzarote, «la realidad es que solo las pueden solicitar quienes estén empadronados en Santa Cruz de Tenerife, requisito del que no previene el gobierno municipal en su escrito, pero que es la respuesta que reciben las personas afectadas cuando se dirigen al IMAS».
Espinosa reclama al gobierno local de CC-PP que, si legalmente no pudiera ayudar desde el IMAS sino a residentes en Santa Cruz, se dirija urgentemente a la Federación Canaria de Municipios (FECMA), donde están representados todos los ayuntamientos del Archipiélago, para que se ofrezca ayudas sociales a estos trabajadores y trabajadoras en sus respectivos municipios de residencia.
La edil se queja de que «una vez más, vigilantes que, como ella misma, ya sufrieron el infierno de los impagos en Seguridad Integral Canaria, la empresa de Miguel Ángel Ramírez, ahora comienzan a vivir una situación parecida con una nueva empresa que los subrogó, a lo que hay que añadir las deudas que el propio Ayuntamiento de Santa Cruz tiene a día de hoy con SH Lanzarote, que suman cientos de miles de euros», así como la de otros organismos públicos.
A juicio de Espinosa, «esto no es más que otro nuevo episodio de la precariedad en que muchas empresas del sector mantienen a sus plantillas por las ofertas a la baja que hacen en los concursos de las Administraciones públicas, cuya incapacidad para evitar estos abusos es clamorosa, con pliegos de condiciones que solo priman la oferta más barata, incluso con mejoras de horas gratis, y sin velar por unas condiciones laborales dignas para los vigilantes, sin olvidar que los organismos públicos abonan con retraso los pagos a estas concesionarias, ante lo cual la Unión Europea ya ha avisado a España de una posible sanción por este hecho».
Este problema con la empresa que vigila el Ayuntamiento ya provocó una «intolerable y bochornosa pérdida de papeles» por el concejal de Presidencia, Alfonso Cabello (CC) en la última Comisión de Control, cuando Espinosa demostró que sí existía un documento de la Tesorería de la Seguridad Social cuya existencia el edil había negado días antes en una reunión con la representación sindical de la empresa, a pesar de que estaba notificado al Ayuntamiento.
Este escrito la concejala lo interpreta en el sentido de que podría ayudar a una posible solución para que el abono de parte de las cantidades que adeuda el Ayuntamiento a SH Lanzarote no sea embargado sino que pueda ser utilizado para el pago de las nóminas. En cambio, el propio Cabello, segundos antes de salir con cajas destempladas, explicó que el tesorero municipal discrepa de esta interpretación.
Espinosa aclara que fue la víspera de esta Comisión de Control, y no antes, cuando llegó a sus manos una copia de este documento e insiste en que este papel obraba en poder del Ayuntamiento desde días antes. Por tanto, muestra su asombro por que ahora Cabello tergiverse la realidad de los hechos arremetiendo contra ella.
