Santa Cruz de Tenerife.- Ramón Trujillo y José Ángel Martín, portavoces respectivos de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) y PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz, proponen que el Castillo de Paso Alto se convierta en Museo de la Memoria Democrática, destinado a recordar el sufrimiento causado por la represión del régimen franquista en Santa Cruz de Tenerife, la isla y Canarias, así como a promover los valores democráticos y los derechos humanos.
Así lo defienden en una moción conjunta, que se debatirá en el Pleno del Ayuntamiento chicharrero este viernes, planteada además a raíz de conocerse que el consistorio ha pedido formalmente a la Administración del Estado la cesión de esta antigua fortaleza militar, por el abandono y deterioro en que se encuentran en la actualidad.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, explican que a partir del golpe de estado de 1936 se produjeron miles de detenciones que rápidamente saturaron la Prisión Provincial, en Santa Cruz de Tenerife, por lo que se habilitaron nuevos espacios carcelarios, como el cuartel de Paso Alto, un viejo castillo en uno de los extremos de la avenida de Anaga, que se reservó para autoridades, militares y personas de cierta influencia social, y que hoy en día es Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento.
Entre sus paredes llegaron a estar detenidas más de cien personas, que fueron «incomunicadas y sometidas al régimen de vejaciones y malos tratos rápidamente normalizado por los golpistas». Allí estuvo, por ejemplo, el último alcalde republicano, José Carlos Schwartz, desde 2018 Hijo Predilecto de Santa Cruz.
De ahí que, para la oposición de izquierdas, este monumento «es un espacio apropiado para convertirlo en museo de la represión franquista y, por lo tanto, en espacio de inculcación de valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos».
Como se plantea en la moción, el museo podría albergar documentación escrita de la época, fotografías, sala de proyección de vídeos, maquetas, espacios de recreación del confinamiento de presos, exposición de objetos relacionados con la temática del Museo, artículos prohibidos por la dictadura, etc. Asimismo, debiera concebirse como espacio de promoción de los Derechos Humanos y de valores democráticos.
UP y PSOE parten del hecho de que la capital tinerfeña necesita mejorar su cultura democrática, a la vista de que en las décadas posteriores a la Transición, el callejero rendía homenaje al dictador y a notorios represores de su régimen, y aún hoy, pese a la vigencia de la Ley de Memoria Histórica desde 2007, existen decenas de símbolos de la dictadura, incluyendo el Monumento al propio Francisco Franco. Esta es, a juicio de ambas formaciones políticas, una «normalización impensable en otros estados europeos, que también padecieron el fascismo y el nazismo».
Y todo ello pese a que resulta “obvio que el nivel de represión y terror generado por la dictadura franquista en Tenerife es perfectamente homologable a regímenes criminales de otros países que son objeto de amplísima reprobación”. Sin embargo, subrayan UP y PSOE, «hay quienes banalizan el homenaje en la vía pública a los represores de antaño, aduciendo que eso es historia o que los monumentos que exaltan la barbarie son arte«, mientras que «nadie aceptaría un monumento en la vía pública dedicado a delincuentes comunes o a los terroristas de ETA, ni aceptaríamos resignificarlo».
