Santa Cruz de Tenerife.- Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, critica que el grupo de gobierno rechazara, en el último pleno, constituir una comisión de investigación sobre la privatización del ciclo del agua en el municipio. El portavoz progresista no entiende que no se quieran aclarar las razones por las que EMMASA, la empresa municipal del agua, hizo pagos a su socia privada, Sacyr, que sumaron 33,6 millones de euros, sin que nadie advirtiera de la ilegalidad de esos pagos durante trece años.
Trujillo afirma que, si el Ayuntamiento no investiga y explica la desastrosa gestión de la privatización del ciclo del agua, no se crearán mecanismos para impedir graves perjuicios a la ciudadanía en el futuro. Desde la formación progresista se apunta que la existencia de una comisión de seguimiento de la actividad de EMMASA, desde 2016, no ha servido ni para detectar la ilegalidad de los pagos, ni para garantizar la plena colaboración de la empresa privatizada con el Ayuntamiento.
En este sentido, el informe técnico encargado por el Ayuntamiento, para saber cuánto dinero había pagado sin justificación legal EMMASA a Sacyr, señaló la falta de colaboración de EMMASA, en noviembre de 2021. La empresa auditora indicó que no se le facilitaron los balances de sumas y saldos solicitados, para los ejercicios de 2017 a 2020, y que, por lo tanto, no pudieron completar el trabajo.
Los verificadores de los pagos injustificados a Sacyr afirmaron, en el informe aludido, que no pudieron tener evidencia completa, ni asegurar la totalidad o integridad de cualquier información recibida, ni confiar en la veracidad de las manifestaciones que les transmitieron los responsables de la empresa del agua.
Desde Unidas Podemos se ha defendido, en varias ocasiones, la necesidad de una comisión de investigación sobre el ciclo del agua, a causa de una gestión tan deficiente que tuvo que ser intervenida por el Ayuntamiento. Durante años, el servicio convivió con incumplimientos en materia de inversiones, subcontrataciones no permitidas, pretensiones de reequilibrio económica de la concesión infundadas o establecimiento de la abusiva tasa contra incendios.
Unidas Podemos denunció en los juzgados que EMMASA le estuviera pagando cifras millonarias a Sacyr, después de que el Consejo de Administración de EMMASA decidiera que el precio que Sacyr pagó por explotar el ciclo del agua, durante 25 años, no era precio, sino adelanto o préstamo. Por el momento hay cinco personas imputadas por presuntos delitos vinculados a la corrupción.
