Ramón Trujillo considera preocupante que la Fiscalía no intervenga en los interrogatorios que conciernen al «segundo caso de presunta corrupción más grave de la historia de Santa Cruz de Tenerife».
Santa Cruz de Tenerife.- Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acusa a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife de tratar de impedir la realización de una prueba pericial económico financiera de las cuentas de Sacyr-EMMASA, la empresa que gestiona el agua en el municipio. Esa prueba es fundamental para determinar los efectos del cobro, presuntamente delictivo, de 33,6 millones de euros, por parte de Sacyr. Trujillo recuerda que al igual que, sin prueba pericial, no hubiera habido condenas en el caso Las Teresitas, podría ocurrir lo mismo en el caso Sacyr.
El escrito de la Fiscalía del pasado día 27 de abril, sostuvo que existe la “imposibilidad material de llevar a efecto el dictamen pericial” porque su realización fue rehusada por la Intervención General del Estado, la Intervención General de la Comunidad Autónoma y, por último, por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Santa Cruz de Tenerife. Por supuesto, afirma Trujillo, no hay “imposibilidad material” de realizar el dictamen porque la documentación que se requiere está perfectamente preservada.
Asimismo, para el portavoz progresista municipal, también es muy preocupante que la Fiscalía no se haya dignado a intervenir en los interrogatorios a imputados y testigos en un caso que supuso nada menos que un ingreso, presuntamente delictivo, de 33,6 millones de euros por parte de la empresa adjudicataria de la privatización del agua en Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, el pasado día 23 de mayo el Juzgado emitió un auto asumiendo la tesis de la Fiscalía y dejó sin efecto la diligencia de prueba. Ramón Trujillo, el concejal de Unidas Podemos que ejerce la acción popular, ha recurrido ese auto aduciendo que el pago indebido de 33,6 millones de euros a Sacyr, la empresa adjudicataria del agua, no permitió, o redujo, la generación de beneficios y la retribución del socio minoritario, es decir, el Ayuntamiento. Y, además, la alteración producida en las cuentas habría “justificado” solicitudes de revisión de tarifas, con la consiguiente subida de precios a la ciudadanía, para garantizar el restablecimiento del equilibrio económico.
Asimismo, la prueba pericial debe determinar la existencia del derecho de Sacyr a recuperar 59 millones de euros, que había pagado como precio de la concesión del ciclo del agua por 25 años. También debe esclarecer si el reflejo de esta devolución se ajusta a las normas contables, concretar el perjuicio económico causado y determinar las causas de los desequilibrios económicos aducidos por EMMASA. Se trata de información imprescindible para determinar si los hechos poseen o no relevancia penal. Por lo que, no realizar la prueba pericial, conduciría previsiblemente al archivo del caso.
