El próximo 10 de abril se celebrará la apertura de la mesa negociadora del Convenio Regional del Campo
Santa Cruz de Tenerife. El sector agrícola en Canarias se encuentra en un momento de tensión y desafío. La necesidad de actualizar el convenio del campo, que regula las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector, ha desatado un pulso entre sindicatos y patronales, con el Gobierno de Canarias mediando en el proceso. Este conflicto se enmarca en un contexto de profundos cambios económicos, sociales y climáticos que afectan directamente a la agricultura en el archipiélago.
La negociación del convenio ha sido complicada. Por un lado, las organizaciones patronales argumentan que las demandas salariales de los sindicatos son insostenibles, especialmente tras haber absorbido significativos aumentos en el salario mínimo interprofesional en años recientes. En contrapartida, los sindicatos subrayan la urgencia de actualizar un convenio que consideran obsoleto, no solo en términos salariales sino también en lo que respecta a las condiciones de trabajo, la seguridad laboral y la igualdad de género.
El sector agrícola canario enfrenta desafíos estructurales que van más allá de la disputa por el convenio. La competitividad de la agricultura en las islas está comprometida por factores como el envejecimiento de la población agraria, la dificultad para atraer a nuevos trabajadores al campo y el impacto del cambio climático. Estas circunstancias hacen que la renovación del convenio sea aún más crucial, ya que unas condiciones laborales justas y actualizadas son fundamentales para asegurar el futuro del sector.
La situación del sector agrícola en Canarias es un reflejo de los retos que enfrenta la agricultura a nivel global. La necesidad de adaptarse a nuevas realidades climáticas, económicas y sociales exige un marco laboral que reconozca y compense adecuadamente el trabajo de los agricultores y trabajadores del campo. Además, la sostenibilidad del sector pasa por una transición hacia prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente, que a su vez requieren inversión en formación y tecnología.
En respuesta a la compleja situación, el Gobierno de Canarias ha mostrado su predisposición a mediar en el conflicto, reconociendo la importancia del sector agrícola para la economía y el tejido social de las islas. A través de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, el Gobierno canario destaca su compromiso con el sector y la necesidad de encontrar una solución equitativa que permita la modernización y el desarrollo sostenible de la agricultura en el archipiélago.
Para ello, el próximo 10 de abril se celebrará la apertura de la mesa negociadora del Convenio Regional del Campo en la que acudirán las organizaciones sindicales UGT, CCOO y Sitca y las patronales Asaga-Canarias, Asaja, Fedex, Asocan, Grupo Bonny y Bonnysa. Además, también se ha propuesto a los agentes sociales y económicos crear una mesa de trabajo que se desarrollará el 20 de marzo para tratar la posible jubilación anticipada de los trabajadores del sector.
En este escenario, el Gobierno de Canarias desempeña un papel crucial como mediador, buscando un equilibrio entre las demandas de los sindicatos y las capacidades de las organizaciones patronales. La resolución del conflicto del convenio del campo no solo afectará a los trabajadores y empresarios del sector agrícola sino que tendrá repercusiones en la economía canaria en su conjunto, en la preservación del paisaje y patrimonio natural de las islas y en la capacidad de Canarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
