Santa Cruz de Tenerife.- Sí se puede considera que la Fiscalía debe investigar los abusos sexuales causados por eclesiásticos, al tiempo que insta al Gobierno de Canarias a reclamar justicia ante comportamientos tan sórdidos. La organización ecosocialista considera un escándalo democrático el que las instituciones públicas renuncien a hacer justicia y subraya que la Constitución obliga a la administración a proteger a la ciudadanía en el marco de una separación del Estado y la iglesia católica.
De esta manera reacciona Si se puede a la noticia destacada por Radio Club Tenerife, que recientemente recogió información de la base de datos del periódico El País sobre abusos sexuales en la iglesia y los ilustró para el caso de Canarias con testimonios de tres hombres diferentes relativos a abusos presuntamente protagonizados por el mismo cura en Tejina (La Laguna, Tenerife) y Vallehermoso (La Gomera), cuando los denunciantes eran niños, en los años 80 y 70, respectivamente.
La organización ecosocialista aplaude la disposición de los medios de comunicación a recoger testimonios y cuantificar los hechos, ya que su acumulación puede dar la dimensión real de los presuntos abusos cometidos por sacerdotes católicos en pueblos de las Islas. No obstante, considera que son el Gobierno y la Fiscalía quienes deben recoger estos datos en investigaciones oficiales, para que tengan valor en procesos judiciales, al tiempo que estas instituciones deben animar a la ciudadanía a denunciar en el ámbito judicial y proteger a las personas denunciantes.
A juicio de Sí se puede, las denuncias tienen efecto legal solamente en el marco del sistema judicial. Las quejas o denuncias que se canalicen en el ámbito privado de la iglesia favorecen la impunidad, tal como ya se ha visto, en general, por la resistencia de la estructura eclesiástica a abordar este gravísimo problema. Incluso, es destacable que el obispo de Tenerife justificó públicamente, de manera general, a los curas abusadores años después de haber recibido una de estas denuncias en el obispado y se abstuvo de denunciar él mismo los casos mencionados.
El partido canario recuerda que, en una sociedad democrática, los delitos no se solventan con acuerdos privados, sino con condenas dictadas al amparo de la ley, y subraya que hay que garantizar que cae todo el peso de la ley sobre los delincuentes que sean condenados, sin distinción.
