Los Llanos de Aridane.- La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021 va a iniciar una recogida de al menos 15.000 firmas en toda Canarias para presentar ante el Parlamento autonómico una iniciativa legislativa popular con la que promover la Ley de Volcanes, que garantice, al margen de la voluntad política de cada gobierno de turno, una serie de medidas para la recuperación socioeconómica de la población afectada, entre otras el derecho a recuperar el valor de lo perdido. Así lo anunciaron el presidente de este colectivo, Juan Fernando Pérez, y el directivo y también portavoz Juan González, durante un encuentro reivindicativo celebrado el domingo 19 de marzo en el pabellón polideportivo de El Paso.
En este acto, que contó la asistencia de cerca de 300 personas, la plataforma también denunció el retraso en el abono de los 30.000 euros que hace un año anunció el Gobierno canario para quienes perdieron su vivienda habitual, y calificó este anuncio de «mentira» porque al final la cuantía será menor para una parte de los afectados, como se observa en las primeras que se han concedido, ya que hay algún caso incluso en que ha recibido sólo 19,20 euros.
En cuanto a la iniciativa legislativa popular, será una propuesta de ley de carácter autonómico, porque catástrofes de este tipo también pueden ocurrir en el futuro en Tenerife y El Hierro, además de en La Palma, y se aplicaría con efectos retroactivos a los afectados por la erupción de 2021 en el Valle de Aridane.
La plataforma utilizará así un procedimiento regulado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que para promover ante el Parlamento canario una ley de ámbito regional requiere del apoyo de 15.000 firmas o, si es solo de ámbito insular, de la mitad de la población adulta censada en esa isla.
La abogada Guadalupe González Taño, una de los juristas que asesora a la plataforma en la elaboración de este texto legislativo, intervino en este encuentro para explicar el procedimiento y el alcance de esta propuesta.
Afirmó que promulgar una legislación para este tipo de desastres naturales es una de las reivindicaciones de las asociaciones ciudadanas, entre ellas citó esta plataforma y la ONG Tierra Bonita, y de los notarios de Canarias y de la Península que han desarrollado su labor en La Palma a raíz de esta erupción. El motivo es que «las leyes en España no están preparadas para un volcán, pues el suelo no se puede asegurar al existir un principio del derecho que dice el suelo nunca se pierde, pero lo cierto es que en una catástrofe volcánica sí».
Entre los objetivos de esta iniciativa legislativa popular está que se reconozca por ley el derecho a recuperar el valor de lo perdido, ya que «hasta ahora las ayudas a la población afectada están basadas en criterios de servicios sociales, como si estas personas estuvieran todas en riesgo de exclusión social, y no que su situación se deba a que sus bienes se los arrebató una catástrofe».
La legislación que se propondrá garantizará que se tenga en cuenta toda la casuística de las familias afectadas, de modo que no haya una única solución sino diferentes a la vez, en función de las edades o del tipo de vivienda (habitual, segunda residencia, vacacional…) o empresas, al igual que con el sector agrario.
El articulado de esta propuesta de ley también recogerá medidas en el ámbito de la educación, para que se refuercen los centros de enseñanza que acojan a alumnado de familias damnificadas así como medidas de sensibilización sobre el riesgo volcánico, incluyendo la previsión de seguros.Igualmente contemplará la obligación de crear un consorcio interadministrativo, con representación de los afectados, para que cada Administración pública no vaya por separado y se puedan ejecutar las iniciativas más rápido y de forma más económica.
La plataforma pedirá a los partidos políticos que se comprometan a apoyar esta iniciativa legislativa, con el fin de que, tras las elecciones del próximo 28 de mayo, y la previsible constitución del Parlamento canario en junio, sea incluida en el orden del día para su toma en consideración en la primera sesión parlamentaria que se convoque en septiembre próximo.
Durante este encuentro se proyectó un impactante vídeo grabado por una familia alarmada por el inicio de la erupción sin haber sido evacuada y otro vídeo de la declaración institucional en las Cortes Generales realizada en su día, cuando los grupos parlamentarios prometían unidad y lealtad con la población damnificada. Pero la plataforma critica que se haya intentado una y otra vez dividir a los afectados e insiste en que la recuperación económica y social de la isla pasa por esta Ley de Volcanes.
Denuncia de nuevo la plataforma que la población no fue avisada del riesgo volcánico ni siquiera en las horas previas a la catástrofe y «se jugó con la vida de muchas personas y se ha generado mucho sufrimiento psicológico» por no haber sido evacuada antes del inicio de la erupción.
