Las Palmas de Gran Canaria.- El Partido Popular (PP) elevará al Senado la próxima semana los problemas de seguridad y convivencia que padecen los vecinos de Tafira Baja, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, a través de una solicitud de comparecencia registrada por el senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, en la que interpelará al Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
El barrio de Tafira Baja viene padeciendo, desde hace casi dos años, distintos episodios de inseguridad como robos, hurtos en coches, en viviendas y quema de contenedores, sucesos que coinciden temporalmente con la instalación en el barrio de más de una decena de centros de menores extranjeros no acompañados, llegados a Gran Canaria durante la actual crisis migratoria.
En este sentido, el senador Sergio Ramos y la portavoz popular capitalina, Pepa Luzardo, junto a la concejal Rosa Viera, han mantenido este jueves un encuentro con la asociación de vecinos Bandama-Tafira Alta, quienes han traslado su hartazgo por estos problemas de seguridad. Al respecto, durante la interpelación de la semana próxima en el Senado, el PP volverá a exigir al Secretario de Estado un cambio legislativo sobre los menores.
“Volveremos a insistir en la necesidad de habilitar un procedimiento legal a través del cual los menores y adolescentes no acompañados que se encuentren en situación de desamparo en España, y cuyos padres estén perfectamente identificados en su país de origen, puedan ser devueltos a su seno familiar con todas las garantías legales en atención al interés superior del menor”, explica Sergio Ramos.
Por su parte, Luzardo anunció que durante el pleno de junio llevarán a cabo una comparecencia en la que el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez (PSOE), deberá dar cuenta de las medidas que han implementado para luchar contra los problemas del barrio. “Ya en noviembre de 2021 los vecinos salieron a la calle para denunciar esta situación, y tras unas semanas de relativa calma los problemas han vuelto con igual o más fuerza”, indicó.
El Partido Popular capitalino recuerda que lleva “más de un año” trabajando en cooperación con los vecinos para luchar contra el uso irregular de viviendas unifamiliares como centros comunitarios que acogen este tipo de instalaciones. “A raíz de la presentación de hasta tres escritos, el Servicio de Edificación y Actividades ha abierto varios expedientes para la restitución de la legalidad urbanística y por tanto el cierre de estos centros, alguno de los cuales han padecido hechos graves de seguridad, incluyendo disturbios entre los menores del centro e incendios”, concluye la portavoz del PP.
El PP reclama la transferencia de los recursos para ayudas al alquiler del Gobierno canario para generar una gran bolsa que permita llegar a 10.000 familias
El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado este jueves al Gobierno de Canarias la transferencia de los recursos económicos que el Ejecutivo regional destina en el municipio a ayudas al alquiler, para generar junto a los que ya dispone el municipio “de una gran bolsa de viviendas que permita llegar a 10.000 familias de la capital grancanaria”, ha explica la portavoz popular Pepa Luzardo.
Luzardo pretende así “superar el ineficiente modelo actual” en el que el Gobierno de Canarias tiene sus propias ayudas al alquiler -en diciembre pasado pagaron a los solicitantes de los años 2020 y 2021, es decir, casi dos años después de solicitada la ayuda en algunos casos- y el Ayuntamiento capitalino las suyas, en concreto, a través de una partida de 1,5 millones de euros
En este sentido, la edil popular ha revelado, tras una comparecencia que tuvo lugar ayer en la comisión de pleno de Desarrollo Sostenible, a petición del Partido Popular, que este año 2022 se han producido un total de 1.492 solicitudes de ayudas en la capital -al programa municipal- de las un 43% (640) fueron tramitadas. De esas, 348 acabaron convirtiéndose en ayudas y 292 fueron rechazadas.
De las ayudas rechazadas, según los datos ofrecidos por la Concejalía de Urbanismo, 40 fueron a causa de que el solicitante no estaba empadronado en la capital grancanaria. 78 porque no presentaron la documentación correcta y 17 porque no eran constitutivas o no entraban dentro del objeto de las ayudas al alquiler, sino de otra naturaleza.
“Solo 36 ayudas fueron rechazadas porque el solicitante tenía unos ingresos superiores a los que permiten las bases”, aclaró Luzardo, quien insistió en que combinando las ayudas del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento se podría multiplicar el número de familias beneficiadas.
“Nuestra propuesta es generar una bolsa de vivienda que agilice el trámite de asignación y acceso a la vivienda, que además pretendemos estimular con rebajas fiscales para los propietarios de viviendas que las cedan para este fin. No puede ser que solo estemos llegando a un grupo pequeño de personas cuando la vivienda es un derecho y cuando podríamos estar mejorando la vida de muchas familias, por ejemplo, de jóvenes con sueldos bajos que quieran independizarse y empezar una vida de forma autónoma”, concluye.
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