Las Palmas de Gran Canaria.- El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha reclamado hoy al gobierno insular la licitación urgente del nuevo concurso público para la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia en los inmuebles y dependencias del Cabildo de Gran Canaria con el fin de evitar impagos a los trabajadores, que ya están empezando a sufrir contratiempos en el cobro de sus nóminas al encontrarse vencido el actual contrato y sin posibilidad de prórroga.
El Cabildo de Gran Canaria formalizó la adjudicación de los servicios de seguridad y vigilancia de las personas, bienes, objetos y demás enseres en una veintena de centros de la Institución insular en julio de 2018 por un plazo de dos años, prorrogable otros dos años más, con lo que lleva más de dos meses vencido por la dejadez y la falta de diligencia del gobierno de NC, PSOE y Podemos.
El PP señala que esta situación podría generar tensiones de liquidez en la empresa adjudicataria, ya que la realización del gasto sin consignación presupuestaria deriva en un procedimiento administrativo más largo que requiere de aprobación en el Pleno, provocando retrasos en los pagos del Cabildo que repercuten luego en el abono de las nóminas a los trabajadores encargados de prestar el servicio.
Para el Grupo Popular «es inadmisible que el gobierno insular, sabiendo desde hace mucho tiempo que el contrato de seguridad y vigilancia de las dependencias del Cabildo expiraba el pasado mes de julio, no haya movido un dedo para redactar los pliegos y licitar el nuevo concurso público, poniendo en riesgo de forma innecesaria el sustento de muchas familias que dependen de este sueldo para salir adelante».
Por ello, los populares exigen al gobierno de Antonio Morales que, «al igual que hace cuando se trata de adjudicar concursos millonarios para contratar un gigantesco aparato de publicidad y propaganda, o para conceder subvenciones a organizaciones y entidades afines, actúe también en este caso con la máxima celeridad posible a fin de que los vigilantes de seguridad no tengan que sufrir en sus carnes las consecuencias de tanta desidia y falta de gestión».
Según el pliego de prescripciones técnicas, la finalidad de este contrato, adjudicado por un importe de 5,4 millones de euros para un período de dos años, es articular un conjunto de medidas, actuaciones y equipo humano capaces de prevenir y evitar la comisión de hechos delictivos e infracciones en las dependencias del Cabildo de Gran Canaria, así como la protección, vigilancia, custodia y control de personas, bienes, vehículos y objetos, y la participación en la prevención, protección e intervención en caso de producirse situaciones de emergencia.
En concreto, el servicio contratado incluye vigilancia presencial en los siguientes edificios públicos: Casa Palacio; Insular I, Gran Canaria Espacio Digital; Biblioteca Insular: museo y parque arqueológico Cueva Pintada; Casa de Colón; los museos León y Castillo, Tomás Morales, Pérez Galdós y Antonio Padrón; el Jardín Botánico Viera y Clavijo; Espacio Joven 14-30; Centro Joven de Jinámar; Muelle de Taliarte; Archivo General Insular; Dispositivo de emergencia de mujeres agredidas; centro joven San Antonio; centro de acogida Santa Rosalía; Granja Agrícola; y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
