Santa Cruz de Tenerife.- El Partido Popular en el Cabildo buscará el consenso de todos los grupos políticos con representación en el Pleno para aprobar una propuesta encaminada a facilitar al tejido productivo el acceso a las ayudas económicas tras la crisis.
Así lo ha anunciado la consejera Popular en la institución insular, Águeda Fumero, que defenderá una propuesta para “establecer el compromiso del Cabildo para que en sus programas de ayudas y subvenciones a autónomos y pymes, cuyo objeto sea paliar los perjuicios ocasionados por la crisis derivada de la pandemia, exonere a los posibles beneficiarios, de forma excepcional, del requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, siempre que esa deuda haya sido generada con posterioridad a la declaración del Estado de Alarma por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo”.
Esta iniciativa surge de “la imperiosa necesidad de que las administraciones se alineen del lado del tejido productivo, atendiendo a su realidad en este contexto de crisis sin precedente”, afirma la consejera, que además insiste en que “todos los esfuerzos de este Cabildo y de todas las administraciones en general, deben estar encaminados a evitar el cierre de más empresas de nuestro tejido productivo, que ya está asfixiado”, desde la consideración de que “si podemos contribuir a la supervivencia de las empresas resulta de vital importancia en este momento, porque una empresa que cierre ahora, difícilmente podrá reabrir cuando se inicie la recuperación económica”.
Además, la propuesta del Partido Popular incluye “no poner restricciones de entrada en las convocatorias en función de los sectores económicos donde se desarrollan las actividades, así como instar al Gobierno de Canarias a actuar de igual forma, entendiendo que la parálisis absoluta de la actividad económica supuso que muchas pymes no pudieran hacer frente a sus gastos ordinarios”, y tal y como resalta Fumero, “nos parece una cuestión de lógica no exigir a los autónomos y pymes que hayan pagado impuestos, a pesar de no haber podido tener actividad, para poder acceder a las ayudas”.
La crisis sanitaria del coronavirus trajo consigo una crisis social y económica sin precedentes en la historia moderna, que nos deja en 2020 una caída del 20% del PIB canario, una tasa de paro que supera el 25%, más de 280.000 canarios en paro y casi 87.000 canarios en un ERTE. A estas dramáticas cifras, se suman los 1.000 autónomos y pymes que se han visto obligados a cerrar en el último año, los más de 29.000 que están sujetos al cese de actividad y otros 45.000 se declaran en situación de posible quiebra en 2021.
En Tenerife, a 31 de marzo de 2021, tenemos 134.878 desempleados, siendo el sector Servicios el más lastrado por las consecuencias de la pandemia, tanto en nuestra Isla como en toda la Comunidad Autónoma.
Estos datos, indica Águeda Fumero, “ponen de manifiesto la dramática situación económica y financiera que viven, desde hace más de un año, nuestro sector productivo, y las escasas líneas de ayuda que se han puesto en circulación para afrontar esta situación siempre tienen como requisito, para los posibles beneficiarios, la obligación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por lo que, en muchos casos, el acceso a esas ayudas es imposible”.
De hecho, denuncia Fumero, “se calcula que el 80% de los posibles beneficiarios de las ayudas directas a autónomos y pymes publicadas por la Comunidad Autónoma se quedarán fuera de estas convocatorias, principalmente por este motivo”. Y esta situación, pone de relieve la consejera Popular, “se repite en otras administraciones como el Cabildo y el gobierno del Estado”, por lo que “creemos que es fundamental que para que las ayudas sean efectivas, y de verdad, sirvan para salvar al tejido productivo de nuestra Isla se debe tener en cuenta esta cuestión”.
