Las Palmas de Gran Canaria.- Nueva Canarias (NC) ha reclamado al Ejecutivo estatal que adopte las medidas legislativas necesarias para que los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de progreso “no paguen” intereses a la banca por unos depósitos inmovilizados en cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. La diputada por NC Sandra Domínguez anunció que defenderá una proposición no de ley, en el pleno de la próxima semana, que además vuelve a exigir que se flexibilice la regla de gasto para invertir el superávit de las instituciones cumplidoras en inversiones “no exclusivamente” financieramente sostenibles y en servicios públicos esenciales.
Sandra Domínguez afirmó que, cada año y según las estimaciones gubernamentales, el superávit de todas las administraciones públicas canarias genera entre 600 y 700 millones de euros. A modo de ejemplo, refirió la situación del Cabildo de Fuerteventura con casi 200 millones de euros ociosos en los bancos. Una cantidad a la que, aplicada el cobro del 0,5% de intereses por parte de algunas entidades financieras, supone el pago de casi un millón de euros anuales.
Según los datos aportados recientemente por la federación de cabildos que la parlamentaria por NC refirió, las corporaciones locales de las islas, a finales del pasado mes de enero; acumulaban unos 4.000 millones de euros de depósitos, entre el superávit y los remanentes, por los que tendrían que pagar más de 16 millones de euros al año a los bancos.
Recordó que el origen de la limitación del destino del superávit surge en 2012 con la ley de estabilidad presupuestaria que exigía amortizar la deuda para controlar el déficit. A partir de 2013, añadió la diputada, se permitió que las administraciones cumplidoras destinaran esos excedentes a pagar facturas, amortizar deuda y realizar inversiones financieramente sostenibles
“Obligados” por la citada norma a tener fondos improductivos en los bancos, “ahora” las administraciones públicas, denunció Sandra Domínguez, deberán “eliminar” de sus presupuestos las partidas necesarias para pagar intereses a los bancos. Una situación que, en su opinión, es “muy injusta y difícil de mantener si tenemos en cuenta las carencias” de los servicios públicos esenciales y la necesidad de construir nuevos equipamientos.
Tras señalar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo creado para “vigilar” las cuentas públicas, señala que los más de 8.000 ayuntamientos españoles tienen ya en su conjunto más ahorro que deuda; Sandra Domínguez defendió la necesidad de que todas las administraciones públicas cumplidoras puedan aplicar sus excedentes en base a las necesidades existentes.
De ahí que la proposición no de ley que la diputada del grupo nacionalista progresista someterá a la consideración del resto de los grupos insta al Ejecutivo estatal a tomar las medidas oportunas tendentes a flexibilizar la regla de gasto y permitir invertir el superávit de las administraciones públicas cumplidoras, en inversiones “no exclusivamente financieramente sostenibles y en servicios públicos esenciales.
En segundo lugar, Sandra Domínguez plantea la necesidad de “adoptar” las medidas legislativas necesarias a fin de que “se excluya” a las administraciones públicas de la “obligación” del pago de los intereses que algunas entidades financieras cobran por los depósitos bancarios.
