Santa Cruz de Tenerife.- Nueva Canarias (NC) se reafirmó hoy, en el Parlamento, en la necesaria y obligada delimitación de las aguas canarias para frenar los intentos expansionistas de Marruecos. El portavoz parlamentario de NC, Luis Campos, subrayó la labor del Legislativo y Gobierno canario para que el Estado impulse las medidas necesarias en el ámbito de las relaciones bilaterales, con la Unión Europea (UE) y organismos internacionales como las Naciones Unidas.
Campos se ratificó en los planteamientos de Nueva Canarias en la comparecencia sustanciada en el pleno sobre las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la proposición no de ley sobre la delimitación y protección del espacio marítimo de Canarias.
Una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en febrero de 2019, en el tramo final de la anterior legislatura, coincidiendo con la tramitación de las dos leyes del reino alauita para anexionarse unilateralmente territorio canario y del Sáhara Occidental, finalmente aprobadas por sus cámaras legislativas a comienzos de 2020 e impugnadas por el Estado español.
Previa confirmación del consejero de Presidencia, Julio Pérez, de la participación de Canarias en tres de las cuatro reuniones celebradas hasta el momento entre el Ejecutivo estatal y Marruecos; Luis Campos apeló a la prudencia dada la complejidad del asunto.
También hizo hincapié en que la «prudencia, que nos exigimos a nosotros», no es trasladable a la actitud del reino alauita, definida por el portavoz de NC como de una «osadía extrema», y de una política «chantajista, de hechos consumados».
«Sin perder de vista con quien nos estamos jugando nuestras aguas territoriales, nuestro Estatuto nos confiere un nuevo espacio» marítimo, observó el diputado de los canaristas progresistas. A partir de este reconocimiento jurídico, según Campos, desde el Parlamento y el Gobierno canario se debe seguir impulsando las medidas necesarias para que se delimiten las aguas canarias.
Una labor que, en opinión de Luis Campos, corresponde al ámbito de las relaciones bilaterales entre el Estado y Marruecos, en el espacio de la Unión Europea para que «se tome conciencia» de los mecanismos empleados por el país africano, y el derecho internacional, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay, entre los principales.
