El consejero de Política Territorial asegura que “la crisis del agua en las islas no es consecuencia solo de la sequía, sino de tres años de retraso en la planificación hidráulica y otros seis en la financiación del convenio con el Estado”
Santa Cruz de Tenerife.- El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha advertido esta mañana que el Estado no puede seguir “usurpando” las competencias en materia hidráulica del archipiélago reconocidas en el artículo 152 del Estatuto de Autonomía, y anunció un frente común consensuado con los consejos insulares de aguas, los cabildos y ayuntamientos “para recuperar el liderazgo en la gestión eficiente y sostenible del ciclo integral del agua en las islas”.
Así se pronunció durante su intervención en el Encuentro SER Canarias celebrado en el hotel Mencey, de Santa Cruz de Tenerife, en el que habló sobre “Los desafíos de la crisis del agua en Canarias” ante una amplia representación del sector público y privado del agua en las islas, y que contó también con la intervención de la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila.
Manuel Miranda fue presentado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien destacó su trayectoria durante 16 años en la gestión hidráulica en Fuerteventura, una isla a donde el agua llegaba en buques de la Armada en los años 70, y que no conoció el desarrollo económico y social hasta la plena incorporación de las modernas técnicas de ósmosis inversa en la desalación de agua de mar.
El consejero de Política Territorial comenzó su exposición asegurando que “la crisis del agua en Canarias no es consecuencia solo de la sequía, sino de graves problemas estructurales a los que estamos haciendo frente desde el primer día, como son la falta de planificación, la obsolescencia de nuestras infraestructuras, la falta de innovación, una maraña legislativa que lo complica todo y un grave déficit de inversión por parte del Estado”.
Manuel Miranda explicó que las islas acumulan un retraso de tres años en la planificación hidráulica y otros seis en la financiación del Estado, y denunció que “el Gobierno de España no solo ha incumplido sus compromisos financieros con las islas, sino que además ha usurpado en la práctica las competencias de Canarias en la planificación de las infraestructuras hidráulicas, decidiendo de forma discrecional y arbitraria en qué isla o municipio se invierte y en cuál no”.
En este mismo sentido, el consejero recordó que tanto la Ley de Aguas de Canarias como la estatal reconocen “la singularidad del derecho especial canario” y establecen la obligación de financiar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado las obras de interés general, a propuesta de la Comunidad Autónoma, por lo que, reiteró, “Canarias no está pidiendo más que lo que le corresponde por ley, el respeto a nuestro Estatuto de Autonomía, y el cumplimiento de la Ley de Aguas de Canarias y la Ley de Aguas del Estado”.
En cuanto a la planificación, Manuel Miranda explicó que al llegar al Gobierno el pasado verano “solo dos islas tenían aprobados los planes hidrológicos que debían estar tramitados antes de diciembre de 2021”, y anunció que su departamento trabaja para aprobar antes de finalizar el año los tres últimos planes hidrológicos, correspondientes a Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
Mitigar las pérdidas en las redes de abastecimiento, o la implantación de la digitalización en el ciclo integral del agua, que forma parte de un proyecto Next Generation ya en marcha, son otros de los desafíos a los que se enfrenta ya la consejería que dirige Miranda.
El consejero insistió en seguir apostando por la innovación y las energías renovables para mejorar la eficiencia de las instalaciones de producción de agua, cuya capacidad se encuentra actualmente en torno al 75%. También destacó la necesidad de encontrar fórmulas normativas que permitan “simplificar y reducir los plazos de tramitación de los proyectos de infraestructuras hidráulicas, tal y como persigue la actualización de la Ley del Suelo que tramitamos también en el Gobierno”.
“No podemos permitir que la rigidez en la aplicación de las leyes creadas para la protección del territorio acaben impidiendo precisamente esa protección, como ocurre actualmente con el problema del saneamiento en La Graciosa, o las dificultades similares en el Valle de Güímar, en Tenerife, que cuesta a las arcas públicas más de un millón de euros al año en concepto de sanciones europeas”, afirmó.
Manuel Miranda finalizó su intervención recordando que “Canarias es una sola cuenca hidrográfica, pero con siete demarcaciones muy diferentes y peculiares que no pueden prosperar por separado”, y realizó un llamamiento a “seguir trabajando juntos con el espíritu de cooperación y consenso alcanzado el pasado mes de marzo en la primera Mesa del Agua en la que participaron los siete consejos insulares, los cabildos y la Fecam”.
