Madrid.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado hoy el acuerdo alcanzado anoche, en el marco de las negociaciones entre Consejo, Comisión y Parlamento europeos (trílogos), que permite a España mantener los fondos agrarios para las Islas Canarias del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) para los años 2021-2027.
A pesar de que la Comisión Europea planteaba un recorte del 3,9 % de esta partida, unos 10 millones de euros anuales para Canarias, tras la negociación sobre el reglamento de transición, los Estados miembros -como España, Francia, Portugal o Grecia- pueden garantizar el mantenimiento de las ayudas al sector agrario de sus regiones periféricas.
Tanto en 2021 como en 2020 las regiones ultraperiféricas contarán con el mismo montante que en el periodo anterior, unos 268 millones de euros en el caso de Canarias. Además, a partir de 2023, se permitirá a los países que puedan asegurar la misma cuantía de fondos europeos, a través de la dotación del marco financiero plurianual de la Política Agraria Común.
El ministro ha destacado el esfuerzo del equipo negociador español de estas últimas semanas. Luis Planas ya aseguró en su última comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados en septiembre que el Gobierno de España iba a hacer todo lo posible para lograr mantener esos fondos para las Islas Canarias.
En la negociación sobre el reglamento de transición, también se ha acordado ampliar en seis meses, hasta el 30 de junio, la resolución de las solicitudes de ayudas de agricultores y ganaderos, así como pymes agroalimentarias, en el marco de las medidas excepcionales de desarrollo rural (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) habilitadas como consecuencia de la COVID-19.
De esta forma, las comunidades autónomas tendrán más margen de maniobra para resolver las peticiones de subvenciones (hasta 7.000 euros para productores y 50.000 euros para pymes agroalimentarias).
Además, se han prorrogado las reglas de la actual Política Agraria Común para los años 2021 y 2022. Así se asegura la continuidad de las ayudas para agricultores y ganaderos y para que los Estados miembro tengan tiempo de preparar su planes estratégicos hasta la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023.
