Canarias avanza con su Ley de Cambio Climático, involucrando a agentes sociales, empresariales y públicos en iniciativas sostenibles y proyectos innovadores para mitigar y adaptarse al cambio climático
Santa Cruz de Tenerife.- La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, aprobada el 27 de diciembre de 2022, representa un hito significativo en la política ambiental del archipiélago. Esta legislación se centra en la mitigación de los efectos del cambio climático, la adaptación a sus impactos y la transición hacia un modelo energético más sostenible y resiliente. Su desarrollo y ejecución involucra a una amplia gama de actores, desde instituciones públicas y privadas hasta la sociedad civil.
El Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, lidera la implementación de esta ley. Su enfoque incluye la promoción de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las principales iniciativas se destacan el impulso de proyectos de energía eólica y solar, y el fomento del autoconsumo energético en hogares y empresas.
Además, el Ejecutivo canario colabora estrechamente con instituciones académicas, empresas y organizaciones no gubernamentales para desarrollar investigaciones y proyectos innovadores. Estas alianzas permiten la creación de soluciones adaptadas a las particularidades del territorio insular, donde los retos del cambio climático se sienten de manera aguda debido a su vulnerabilidad ambiental.
Uno de los pilares de la Ley es la creación del Consejo Canario de Acción Climática, un órgano consultivo que integra a representantes de distintos sectores. Este Consejo asesora al gobierno en la planificación y seguimiento de las políticas climáticas, asegurando una visión inclusiva y participativa. De este modo, se garantiza que las medidas adoptadas no solo sean eficaces, sino también equitativas y justas para todas las comunidades.
Las acciones en curso incluyen proyectos emblemáticos como la Estrategia de Economía Circular, que busca reducir el impacto ambiental de los residuos y promover prácticas de reciclaje y reutilización en todos los niveles de la sociedad. También se están implementando programas de reforestación y conservación de biodiversidad, esenciales para mantener los ecosistemas locales y proteger la flora y fauna autóctona.
En el ámbito empresarial, el sector privado ha mostrado un creciente interés en alinearse con los objetivos de la Ley. Muchas empresas están adoptando prácticas sostenibles, desde la implementación de tecnologías limpias hasta la adopción de modelos de negocio circulares. Esta transformación no solo ayuda a cumplir con los requisitos legales, sino que también ofrece ventajas competitivas en términos de ahorro de costos y mejora de la reputación corporativa.
Las instituciones públicas, por su parte, están llevando a cabo importantes inversiones en infraestructuras sostenibles. Proyectos de transporte público eléctrico, mejora de la gestión del agua y la construcción de edificios energéticamente eficientes son solo algunos ejemplos de cómo se está transformando el paisaje urbano y rural de Canarias para adaptarse a los desafíos climáticos.
La financiación de estos proyectos proviene en parte de fondos europeos y nacionales destinados a la acción climática. Estos recursos permiten la ejecución de iniciativas a gran escala que de otra manera serían difíciles de financiar exclusivamente con fondos regionales. La eficiencia en la utilización de estos fondos es clave para maximizar el impacto positivo de las inversiones y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
En este contexto, la Mesa de la Energía Renovable desempeña un papel crucial. Esta plataforma, coordinada por la Consejería de Transición Ecológica, reúne a representantes de los principales sectores involucrados en la generación de energía renovable en Canarias. Entre ellos se encuentran la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), la Asociación Eólica Canaria (AEOLICAN), Endesa y Red Eléctrica de España, así como diversos centros tecnológicos y universidades.
La Mesa se centra en promover y coordinar proyectos que impulsen la adopción de energías renovables en el archipiélago. Esto incluye el desarrollo de parques eólicos tanto terrestres como marinos, siendo la eólica marina un foco particular de interés debido al elevado potencial de los vientos en las costas canarias. Proyectos destacados en este ámbito incluyen los desarrollados por empresas como Greenalia y Equinor, que están explorando tecnologías flotantes innovadoras para la generación de energía eólica offshore.
Además, se están realizando esfuerzos significativos para la introducción del hidrógeno verde como fuente de energía. El Clúster Hub Hidrógeno Renovable Canarias, promovido por Grupo DISA y Enagás Renovable, agrupa a más de 20 entidades que trabajan conjuntamente para producir hidrógeno verde a partir de energías renovables. Este combustible limpio tiene el potencial de descarbonizar sectores clave como el transporte, la industria y los servicios turísticos en las islas.
En resumen, la Ley de Cambio Climático de Canarias es un marco ambicioso y multifacético que aborda la crisis climática desde múltiples frentes. Su éxito depende de la colaboración estrecha entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. A medida que Canarias avanza hacia un futuro más verde y resiliente, esta Ley se erige como un modelo de cómo las regiones pueden liderar la lucha contra el cambio climático a nivel local, con un impacto global.
