España está a la cola de Europa en profesionales públicos de atención a la salud mental. Mientras Suecia cuenta con una ratio de 58,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes en España apenas se llega a 6, muy por debajo de países como Eslovenia con 22, los 18,7 de Lituania o los 16,9 de Polonia.
Fernán Bravo, psicólogo general sanitario, psicoterapeuta, máster en coaching ejecutivo y organizacional, dirige el Gabinete Psicológico del sindicato CSIF en Tenerife, el cual analiza los efectos colaterales en la salud mental, particularmente en la de los trabajadores, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 desde las carencias históricas del Sistema Público, reclamando un mayor compromiso por parte de las administraciones, y avanza que, aunque no hay estudios al respecto, las farmacéuticas ya han detectado un aumento significativo en el consumo de antidepresivos, ansiolíticos y sedantes.
Desde CSIF de Tenerife, a través de su Gabinete Psicológico, aplica terapias individuales y grupales con pacientes con patologías de origen laboral y asesora en materia psicosocial.
Se escucha con frecuencia la repercusión sobre la salud mental como un efecto colateral de la pandemia ¿Se dispone de datos en España o en Canarias que confirmen estas afirmaciones?
No existen, o al menos no los conozco, datos sanitarios en sí, pero el CIS ha publicado un barómetro sobre salud mental que refleja que el 9,4 % de los españoles señalan decaimiento, depresión y pérdida de esperanza durante muchos días, y el 33,3% lo ha sentido al menos alguno días. Del mismo modo, los profesionales de la salud mental hemos detectado en este periodo, como consecuencia directa de pandemia, deterioro de las relaciones de pareja, con los hijos, fatiga al realizar las actividades laborales y problemas de concentración en los estudiantes, con un aumento de los cuadros de depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, insomnio, ataques de pánico, tentativas de suicidio y síntomas obsesivo-compulsivos que interfieren en sus actividades diarias. Los testimonios nos hablan de aislamiento, soledad, pánico a enfermar, miedo a perder el trabajo, incertidumbre respecto a familiares, ansiedad por mantener a la familia, conflictividad. Por todo ello, esta percepción de los profesionales españoles es corroborada por estudios que se han realizado en el entorno europeo. Se conoce además por las distribuidoras farmacéuticas españolas que ha aumentado significativamente la demanda de antidepresivos, ansiolíticos y sedantes.
Ante esta demanda ¿hay una respuesta adecuada de las autoridades sanitarias?
El problema es estructural y se arrastra desde siempre, la salud mental ha sido la asignatura pendiente de nuestro sistema público de salud. Tal vez sea porque no existe una conciencia de su necesidad, de lo invalidantes que pueden llegar a ser una depresión o un trastorno de ansiedad, del sufrimiento que generan y de los costes familiares y colectivos. Aunque sólo considerásemos el factor económico, la repercusión de la enfermedad mental como génesis y agravantes de otras patologías de salud, o como causa de bajas laborales y absentismo, fracaso escolar, conductas disruptivas y antisociales, alcoholismo, dependencias, juego patológico o conflictividad social. Llegados a ese punto, las soluciones ya son más complejas que si se hubieran atajado de inicio.
¿La salud mental es entonces la gran incomprendida?
Sí. Sin lugar a dudas, y no hablo solo de las autoridades sanitarias y políticas, en general es frecuente escuchar que “quien se deprime es porque quiere”, o que “el que tiene estrés lo que tiene que hacer es relajarse”, que es como decirte que si te has partido un brazo, que lo mejor que puedes hacer es que no te duela. El daño de estas calificaciones simplistas es que pareciera que algunas patologías llegan por voluntad del propio individuo y aparenta que no merecieran desperdiciar recursos públicos.
Aunque redujéramos los problemas de salud mental a esto, alguien tendrá que enseñar a relajarse y a no deprimirse, y eso es parte del trabajo que podemos hacer los psicólogos. Porque ansiedad y depresión son muy reales y muy invalidantes.
¿Cómo responden los profesionales de la salud?
En España tenemos en el sistema sanitario 6 psicólogos por cada 100,000 habitantes, frente a los 58,3 de Suecia o, lo que pudiera ser más ilustrativo de nuestras enormes carencias, los 22 de Eslovenia, los 18,7 de Lituania o los 16,9 de Polonia. Disponemos de un tercio de profesionales con la media europea como referencia, que es de 18, muy por debajo de la media. Esta descomunal carencia obliga al sistema y a los profesionales de la salud pública a priorizar una patologías frente a otras, a retrasar las primeras consultas y a espaciar las siguientes, lo que provoca que los trastornos se agraven y cronifiquen, y deja como única herramienta el tratamiento farmacológico y biomédico, adecuado para según qué casos, pero insuficiente para aquellos que requieren de terapia psicológica, que los estudios han demostrado como los más eficaces para muchas patologías.
Según los datos que aporta, las carencias del Sistema Público son enormes.
Efectivamente, esto obliga al paciente a buscar terapia psicológica privada, en ocasiones con terapeutas que no son psicólogos porque el coste es menor. Hay mucho intrusismo en el sector lo que repercute muy negativamente en la recuperación del paciente y puede causar un daño mucho mayor a largo plazo. Esta carencia pública genera desigualdad entre los enfermos que pueden pagar un tratamiento psicológico, y los que no, y que con mucha probabilidad padezcan de forma crónica lo que pudo haber sido un episodio en su vida, una experiencia más.
Por otro lado, es importante un buen diagnóstico, las terapias varían según la patología, lo que funciona a una persona no funciona a otra sencillamente porque tienen distinto trastorno, y los profesionales de la psicología manejamos recursos y técnicas para dar respuesta a cada una de ellas. Hay muchísimo intrusismo, que debería combatirse considerándolo como un riesgo de salud pública.
Indicaba anteriormente que las farmacéuticas detectan un aumento de los tratamientos farmacológicos durante y después de la pandemia ¿Es esa la apuesta de nuestro sistema sanitario?
El por qué de este olvido tiene muchas causas, y entre ellas la apuesta del sistema por el tratamiento biomédico, eficaz, sin duda, pero los estudios demuestran que en su gran mayoría es más eficaz la terapia psicológica porque provoca cambios en la persona y educa para mantenerlos. Pero dos citas de 45 minutos al mes tienen infinitamente mucho más coste que una caja de ansiolíticos o antidepresivos, que dura el mismo tiempo. Y claro, el profesional de atención primaria no tiene muchas más salidas para los pacientes que el tratamiento farmacológico, con los paupérrimos servicios de salud mental desbordados por la inmensa carencia de personal y medios. Del mismo modo, por establecer una comparación que seguramente será desacertada, pero me vale para lo que quiero reflejar. Es como si te partes una pierna o te haces un esguince: el médico de atención primaria te receta anti inflamatorios y analgésico, te deriva al traumatólogo que te da un diagnóstico tras las pruebas oportunas e inmoviliza la pierna o la repara, y finalmente son los fisioterapeutas quienes trabajan con la musculatura, con la recuperación, con la educación para fortalecer y estirar según qué músculos. En nuestro sistema de salud, sobre la práctica, te quedas casi siempre y como mucho en el traumatólogo.
Así mismo, desde salud mental se trabaja en grupos de terapia que entrenan en técnicas de relajación, de respiración, de habilidades sociales, con tratamientos que son relativamente baratos al trabajarse desde este formato grupal, con unos índices de eficacia probados y contrastados. Esto es más barato porque con un profesional trabajas con muchos pacientes. En CSIF, mediante el programa CSIF Ayuda, trabajamos también estos formatos.
¿Al igual que con la rehabilitación en traumatología, que se deriva con clínicas privadas, podría ser la concertación una solución para la carencia de plazas de psicólogos en el sistema público?
Claro, porque la solución no es rápida ni fácil. El problema en lo público es que se convocan muy pocas plazas PIR y hay muy pocas plazas de psicólogos en el sistema sanitario. En tanto se aumenten de forma significativa, de hacerse una solución podría ser, tras el diagnóstico desde el sistema público, derivar a los pacientes a clínicas concertadas, al igual que se está haciendo en otras áreas de la salud. Pero hace falta meter dinero, con una conciencia clara desde los poderes públicos de la dimensión del problema, que no existe. Aunque lo ideal creo que es un plan para, a largo plazo, ponernos cuando menos por encima de la media europea en ratio de psicólogos por habitantes.
Usted es psicólogo de un sindicato, el CSIF. ¿Hay patologías específicas en el ámbito laboral?
Esta compleja realidad respecto a la salud mental se agrava en el plano laboral Conocemos la afectación que están teniendo colectivos como el sanitario, sociosanitario y cuerpos de seguridad del estado. Otros muchos trabajadores y profesionales han visto incrementado su volumen de trabajo, se ha incrementado la incertidumbre o el miedo a contraer ellos mismos la enfermedad, a contagiar a los familiares. También otros empleados públicos que realizan funciones sociales, tramitación de ayudas y subvenciones, atención al público, o los propios servicios de prevención de riesgos laborales, colectivos que ya venían arrastrando un déficit de personal devenida de la anterior crisis económica, por lo que las demandas laborales y la carga de trabajo ha aumentado.
Es seguro que estas experiencias individuales han sido, son y serán causa de estrés, ansiedad y depresión con patologías graves y cuadros complicados como el estrés post traumático, tan seguro como que provocarán el aumento de la conflictividad laboral, y de fenómenos psicosociales como el acoso laboral o el síndrome del quemado.
Acoso laboral, estrés, síndrome del quemado… ¿Son realmente patologías mentales?
No son patologías, son fenómenos psicosociales que pueden provocar distintas patologías. Si con la enfermedad mental hay mucha estigmatización, desconocimiento y estereotipos, con lo laboral se acentúa. Una cosa es el lenguaje común del “hoy estoy deprimido” o “estoy estresado”, y otra cosa es una depresión o un trastorno de ansiedad desde el punto de vista clínico, que son cosas serias. Existe la creencia generalizada de que, quien es acosado, es porque tiene una personalidad “floja” o, muy por el contrario, porque es “conflictivo”. O que quien sufre el síndrome del quemado, es porque hay algo en su personalidad que ha facilitado que esto ocurra. De esta manera, a personas que son víctimas las estamos victimizando doblemente. Cuando se es víctima, se es, y es culpa del verdugo. Y el verdugo puede ser un jefe, un grupo de trabajadores, un estilo de dirección y jefaturas, la empresa por no prevenir ni actuar, pero nunca podemos culpabilizar a la víctima, caemos otra vez en estigmatizar por desconocimiento y por prejuicios. Otra cosa es que, como todo, haya que probarlo para que la víctima tenga derecho a la reparación del daño causado. Y es de tan difícil prueba, por desgracia.
¿Cómo responden las administraciones públicas ante estos fenómenos psicosociales?
Son flagrantes los casos de sanitarios, docentes o trabajadores en atención al público agredido o amenazado en el desempeño de su trabajo, y para quienes la administración no dota de asistencia jurídica, psicológica ni protección física, más allá de la que se ofrece a cualquier ciudadano fuera del ámbito de su trabajo. La administración, que debería dar ejemplo y ser la punta de lanza. Esto ilustra la respuesta de los poderes públicos, que lo hace con sus trabajadores, quienes de seguro, a consecuencia de su trabajo, pueden vivir con miedo, sensación de desamparo, desprotección e incluso con la experiencia de un trauma.
¿Están reconocidas como enfermedades profesionales?
No. Está reconocido como accidente de trabajo, así que tiene que ser probado el daño. Y esto no es fácil por muchas cosas, pero sobre todo por los prejuicios de los que hablaba antes. Esto implica sobre la práctica que las mutuas de salud laboral contratadas por las empresas difícilmente reconocerán los trastornos psicológicos derivados del trabajo como tales y, en consecuencia, la persona no obtendrá terapia psicológica y quedará obligado a acudir al sistema de salud público, con las carencias que antes se han descrito y que le llevará casi siempre a lo privado, como tampoco podrán obtener ni el reconocimiento ni las indemnizaciones a las que pudiera optar por una enfermedad profesional de carácter crónico, al menos por esta vía.
De la misma manera, habría de tramitarse como accidente laboral, por que la hay que probar qué la patología psicológica detectada es de origen laboral, y esto es más complejo en lo psicológico, lleva tiempo y casi siempre procesos judiciales, quedando entre tanto el trabajador sin el tratamiento psicológico que debiera haber tenido desde un principio, como con cualquier otra enfermedad profesional. Si te rompes una pierna en el trabajo o te cortas una mano, la causalidad queda clara y se gestiona como accidente de trabajo de inmediato. Con las enfermedades derivadas de problemas psicosociales, es más complejo establecer la relación causal. Pero se puede, al menos en algunos casos.
¿Qué le queda entonces al trabajador?
Queda todo pues encomendado a una actividad preventiva en el seno de la empresa, investigando las causas y reconociendo los riesgos mediante evaluaciones de riesgos psicosociales, adoptando las medidas preventivas adecuadas. Servicios que están aun menos dotados de personal y medios, y cuyos informes rara vez originan cambios en el sistema de trabajo ni en los estilos de dirección.
¿La solución?
Complejísima. Pero pasa necesariamente por la exigencia en la formación teórica y práctica, pero sobre todo práctica, en gestión de recursos humanos, en estilos de dirección, en trabajo en equipo, en resolución de conflictos y en organización del trabajo. Y por supuesto, ajustando la carga de trabajo a las necesidades reales de la empresa. Debería exigirse esta formación para todo aquel que ocupe puestos en los que se coordine personas. En Finlandia, por ejemplo, han bajado notablemente los índices de acoso escolar formando, implicando a alumnos, profesores y padres, enseñando a detectar el acoso, a señalarlo cuando se produce un conducta potencialmente peligrosa, enseñando a resolver conflictos.
El buen clima laboral, que parece una quimera o ciencia ficción, existe, y se enseña cómo hacerlo. Los psicólogos también lo hacemos. Pero si en ese objetivo no participan los jefes, o no disminuye la carga de trabajo, de poco sirve la formación. Y trabajar en ello es tremendamente rentable para las empresas y organizaciones, son muchos los estudios que lo corroboran.
¿Confía en que así será?
Bueno, el mundo es caos, y es imposible prever hacia donde caminan los fenómenos sociales. Pero tengo que trabajar cada día desde la confianza en que esto será así, que trabajamos para ayudar y mejorar las cosas.
Desde el Gabinete Psicológico de Csif trabajamos intentando ayudar a los trabajadores tanto en terapia psicológica individual y grupal, como en la formación de delegados, asesorando y orientándolos a promover estos cambios en el área psicosocial y en la organización del trabajo, tan necesarios tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas en las que tenemos representación, intentando sensibilizar a las organizaciones para formar, dotar y conocer esta importante área de la salud de los trabajadores. Cuando menos, dedicamos ocho horas diarias a trabajar, y el estado anímico con el que terminemos la jornada de seguro condicionará nuestro descanso, nuestras relaciones personales y familiares, nuestro bienestar.
¿Qué exigen desde CSiF en Canarias en materia psicosocial?
Para empezar, que se aumente el número de psicólogos clínicos en el Servicio Canario de Salud a niveles de los países de nuestro entorno. Pero esto, como decía, es un proyecto a largo plazo pues exige la formación de estos profesionales y la creación de planes necesario para dotar de más medios humanos y económicos a los servicios de prevención de riesgos laborales, dotándolos también de psicólogos sanitarios que puedan realizar terapia a los trabajadores con sospecha de padecer un trastorno de origen psicosocial en el ámbito laboral. Terapia que puede ser grupal e individual. Es decir, formación, pero formación de verdad, práctica, en chándal, y con todo el equipo de trabajo de cada servicio, enseñando qué conductas fomentan la cohesión y mejoran el trabajo en equipo, y señalando las desviaciones cuando se producen. Enseñando a resolver los conflictos. En definitiva, en su defecto, y en tanto esto se logra, que se contrate con las mutuas de accidentes de trabajo tratamiento psicológico para los trabajadores con sospecha de padecer un trastorno de origen psicoscoal en el ámbito laboral. Tratamientos de principio a fin.
