Santa Cruz de Tenerife.- Desde el sindicato mayoritario en las administraciones públicas se hace un llamamiento público al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez ante lo que se denomina desde el sindicato, “como la mayor mentira del Gobierno de Canarias en la historia de nuestra democracia”.
Desde CSIF -CANARIAS se han presentado en los últimos meses decenas de demandas para que los jueces ejecuten el acuerdo alcanzado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el mes de noviembre de 2021, en el que la Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias y el propio Gobierno de Canarias se comprometían a que la totalidad de la plantilla del 112, SUC y CECOES recuperasen el 5% de sus emolumentos mensuales detraídos anticonstitucionalmente según sentencia del constitucional del año 2014.
Según palabras de los delegados electos de CSIF- CANARIAS en la provincia de S/C de Tenerife y de CCOO en Las Palmas de Gran Canaria, “está muy bien que públicamente el Sr. Pérez manifieste su voluntad de cumplir un acuerdo judicial, pero llevamos un año esperando a que lo haga, y el tiempo nos demuestra que la voluntad del actual consejero de Administraciones Públicas, al igual que el de Hacienda, es una voluntad ante terceros ajenos al problema, que genera un descontento en la plantilla, que entiende que lo que se está realizando con ellos es una mentira política sin antecedentes anteriores”.
Por último, Cristo Llurda, abogado del sindicato CSIF -CANARIAS y encargado de la recuperación del cinco por ciento del personal del 112 en Canarias, entiende que “el Gobierno de Canarias está ante la obligación de evitar que cada trabajador tenga que volver a presentar una demanda, ahora de forma individual, para cumplir con un derecho reconocido ya, con fechas cerradas y cantidades cerradas. No nos parece ni serio, ni honesto, ni profesional que desde el Gobierno de Canarias se haga creer al ciudadano una voluntad que nunca se termina de ejecutar, o lo que es lo mismo, mentir al ciudadano de la forma en que se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias es inadmisible. Es más, es una falta de respeto hacia unos trabajadores que hacen día tras día que Canarias sea una región segura ante cualquier incidente y situación diario que acontece”.
