Santa Cruz de Tenerife.- A la luz de lo que hemos podido conocer los trabajadores como consecuencia de la intervención de varias residencias de la tercera edad por parte del Servicio Canario de la Salud motivada esta por los brotes de COVID-19 acaecidos en cada una de ellas, no conseguimos contener nuestra indignación por lo que el Gobierno Canario (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) y su consejera de Derechos Sociales, Diversidad, igualdad y Juventud, Noemí Santana (Podemos), han venido permitiendo, siquiera durante una milésima de segundo en los centros geriátricos que conocemos hasta el momento.
Un dato sobre el abandono y la falta de realización de test PCR periódicos, nos lo da el hecho de la dimensión de los brotes de COVID-19. Pero una vez allí, la falta de personal cualificado, la ausencia de las más mínimas normas estructurales y de equipamiento, condicionan la deficitaria cobertura de las necesidades básicas (aseo e higiene, alimentación, movilización…) e instrumentales que padecen nuestros mayores, sometiendo a la desesperación más absoluta al mejor valor y a los individuos más vulnerables que tiene una sociedad, sus ancianos, y más aún, sus ancianos enfermos. Ellos, los que se han partido el pecho por esta tierra y por lograr un mal llamado estado del bienestar, a fuerza de trabajo, son ahora los receptores de tal trato.
Este mal inhumanamente estructural, no solo lo fundamentamos en la mala praxis de algunas residencias privadas de la tercera edad, sino que es el resultado de un abandono institucional de las Administraciones Públicas, últimas responsables de la situación. En Canarias han fallecido más de 3000 personas en el año 2020 a la espera de soluciones relacionadas con la Dependencia y otras 3000 se encuentran a día de hoy en lista de espera para acceder a este recurso.
Mientras esto se ha ido gestando ¿dónde estaba la Consejería competente en la materia? ¿Para dónde miraba el Servicio Canario de la Salud?, ¿y el Gobierno Canario?: permitiendo el lucro de empresas de aparcamiento de personas mayores, lógicamente acreditadas e incluso homologadas y subvencionadas, sobre las cuales no se aplica control e inspección alguna.
Desde Intersindical Canaria instamos al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía a actuar de oficio. Los poderes públicos deben erradicar este tipo de prácticas y sancionar legalmente a los centros que no cumplan la normativa establecida, vulnerando los derechos humanos, previniéndolo, además, con el debido control periódico. Por otro lado, urge establecer, con carácter inmediato, un plan de choque que aborde las graves deficiencias de los servicios sociosanitarios públicos en Canarias, en situación de verdadera emergencia, que en unos momentos tan delicados como el marco de una pandemia, ha sido dejada por la Consejera responsable, de la mano de algunas organizaciones con conducta empresarial criminal, consentida y bendecida desde el propio gobierno. Por esta razón pedimos además, el cese de la titular al frente de la Consejería de Derechos Sociales, Diversidad, igualdad y Juventud.
