Santa Cruz de Tenerife.- La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, ha denunciado hoy que el Gobierno de Canarias asiste impasible a la muerte del comercio triangular en las Islas, “por no hacer lo que tiene que hacer y defender las singularidades de nuestro fuero ante los intentos del Estado de restringirlas”.
Las ventajas fiscales que aporta la Zona Especial Canaria, “y que hoy están en cuestión”, permiten a estas entidades comprar mercancía en terceros países y venderla a otros sin que esos productos hayan pasado por Canarias, “generando en las Islas 1.000 puestos de trabajo”, destacó Dávila.
Desde hace meses, la diputada ha venido advirtiendo al consejero del área, Román Rodríguez, sobre la necesidad de aportar seguridad jurídica a estas empresas, que representan el 50% de las compañías que están integradas en la ZEC, y que no lo estarán, si nadie lo remedia, por una visión restrictiva de la Ley”.
“Llevamos más de año y medio con esta indecisión, y la consejería de Hacienda hace dejación de sus funciones, al no buscar soluciones inmediatas”, lamentó la diputada que mostró su sorpresa, ya que “tanto tiempo después todavía el consejero Rodríguez reclama modificar la Ley y aplicar la retroactividad, lo mismo que me contestó hace unos meses y para lo que no ha hecho nada”.
Desde el Grupo Nacionalista Canario y “ante este abandono, propondremos una iniciativa legislativa ante las Cortes Generales por las que se modifica la Ley del REF sobre las operaciones triangulares o de trading y las entidades inscritas en la Zona Especial Canaria desde su creación”.
Rosa Dávila insistió en que “deberían haberse tomado decisiones desde el minuto uno y haberse contemplado en los presupuestos de 2021 y 2022, una vez conocido que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretendía limitar, “una vez más, las ventajas para las empresas que se instalen en Canarias”.
“Hemos reclamado al Gobierno de Canarias más trabajo en los asuntos relacionados con nuestro fuero económico, para evitar, por un lado, pérdidas económicas de las empresas y, por otro, pérdida de oportunidades para aquellas nuevas que tuvieran la intención de invertir en Canarias”, explicó.
“Nuestro Archipiélago necesita seguridad jurídica para ser un atractivo empresarial potente y este Gobierno no puede permitir, de nuevo, ver mermados los beneficios que nuestro REF ofrece a las entidades que quieren generar empleo y riqueza en las Islas”, concluyó Rosa Dávila.
