Santa Cruz de Tenerife.- El Ejecutivo anuncia que, a partir de 2021, los acuerdos serán plurianuales “lo que permitirá estabilizar los servicios y programas y garantizar la atención continuada a las familias más vulnerables”
La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mª Concepción Brito Núñez, han rubricado hoy el Protocolo General de Actuación del Plan Concertado de Servicios Sociales que recoge aportaciones dinerarias que se conceden a los ayuntamientos.
Este año, la principal novedad es que esta firma llega de forma anticipada para que los ayuntamientos puedan contar con la financiación desde este mismo mes y, además, se recoge un incremento presupuestario cercano al 11%. En total, se conceden a las corporaciones municipales un global de 21.331.171 euros, lo que supone con respecto a 2019 un incremento de 1.690.143 euros.
La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, anunció durante la firma del acuerdo que, a partir de 2021, el Ejecutivo realizará una firma plurianual de este Protocolo “con el fin de estabilizar los servicios y el personal permitiendo, de esta forma, garantizar la atención continuada a la ciudadanía usuaria de estos programas”. A este respecto, Martínez hizo alusión al esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias de adelantar la financiación de los programas con el fin de agilizar la tramitación y que las ayudas lleguen cuanto antes de las familias que lo necesitan.
La viceconsejera de Derechos Sociales junto al director general de Derechos Sociales, Jonás González, y la presidenta de la Fecam, Mª Concepción Brito
En este punto, recalcó el incremento de la financiación en un 10,86% llegando a los 21 millones de euros, “de los cuales 9 millones irán directamente a la financiación del personal técnico que tramitan la Prestación Canaria de Inserción (PCI), lo que permitirá agilizar la gestión de esta ayuda de la que dependen tantas familias en situación de vulnerabilidad”. Hay que recordar que el Gobierno canario abrió el pasado 1 de enero el plazo para que las familias con 2 o más menores a cargo y personas en situación de vulnerabilidad social puedan acceder a esta ayuda cuando no cuenten con ningún otro tipo de ingreso (paro, subsidio o pensión). Actualmente, perciben la PCI en torno a unas 6.500 unidades de convivencia y con esta medida se prevé ampliar la cifra en 5.000 nuevas unidades de convivencia.
Por su parte, la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mª Concepción Brito Núñez, subrayó la prontitud de la firma del Protocolo general de Actuación “ya que permite a los ayuntamientos contar este año mucho antes en el tiempo con los recursos económicos necesarios para garantizar la continuidad de los programas sociales comunitarios, evitando, como pasaba hasta la fecha, el esfuerzo que tenían que realizar los municipios para poder ejercer una atención adecuada a la ciudadanía”.
La presidenta de la FECAM explicó que se establecerán criterios objetivos de reparto de los fondos, como los que ya se aplican en otro tipo de subvenciones, modificando los criterios anteriores que se rigen por un Decreto del año 2020.
12 millones de euros más para los municipios
Durante la firma del acuerdo, el director general de Derechos Sociales, Jonás González, anunció que el Gobierno de Canarias destinará a los ayuntamientos 12 millones de euros, de los 18 millones de euros en total que llegan desde el Estado por el Plan de Lucha contra la Pobreza.
“Se trata de una muestra más de que somos muy conscientes de la importancia del municipalismo y de su importante papel en la gestión de los servicios sociales. Son los ayuntamientos la primera muerta de entrada para la ciudadanía cuando tienen una necesidad”, recordó González para explicar el destino de estos fondos que, entre otras cuestiones, podrán destinarse a la contratación de personal técnico para la gestión de ayudas de emergencia, PCI o la financiación del Bono Social Eléctrico.
