Santa Cruz de Tenerife.- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha rubricado hoy, acompañado del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, y junto a más de treinta colectivos institucionales, sociales, económicos, colegios profesionales y los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias, el nuevo Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, un documento que nace fruto del consenso y de la cooperación con todos los agentes implicados en el sector de la vivienda en el Archipiélago.
El Parlamento de Canarias ha acogido la firma de este Pacto, que supondrá el pistoletazo de salida a un acuerdo que por primera vez se realiza para definir las políticas de vivienda en la Comunidad Autónoma y que servirá de hoja de ruta al nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2023, que también se presentará al Parlamento en el primer semestre de este año.
El presidente de Canarias calificó de “hito histórico” el acuerdo rubricado hoy en la sede del Parlamento de Canarias y lo enmarcó en un escenario de “normalidad institucional, social y política”. En su intervención, Torres valoró que el Pacto acoja “todas las sensibilidades”, incluido el parecer de todas las “colectividades”, y recordó que este nuevo paso se realiza “en defensa de un derecho constitucional y estatutario” como es la vivienda. Con esta iniciativa político-social, se avanza para “dar respuesta a una demanda histórica de los canarios”, dijo el presidente Torres, que concluyó que la iniciativa de hoy está destinada a resolver un problema clave en las Islas.
El jefe del Ejecutivo de Canarias además se refirió a la “generosidad y el esfuerzo de todos” para lograr “tan importante Pacto”, un acuerdo del que “todos hoy debemos mostrarnos muy orgullosos”.
Ángel Víctor Torres presidió este acto de firma tras las palabras de bienvenida del presidente del Parlamento, Gustavo Matos, quien calificó el acto de firma como “un día histórico” en la historia de la Cámara regional. “No es fácil en los tiempos que corren conseguir la unidad, poder reunir a representantes de tantos colectivos y administraciones públicas en torno a algo tan esencial como el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna. Este es un día que recordaremos por mucho tiempo”, apuntó Matos.
Los colectivos presentes hoy en el Parlamento que firmaron su adhesión al Pacto por la Vivienda Digna son: la Federación Canaria de Islas (FECAI), la Federación Canaria de Municipios (FECAM), la asociación Canarias Cohousing, Cáritas Tenerife, Cáritas Las Palmas, la Plataforma Afectados Hipoteca (PAH) Stop Desahucios Gran Canaria, PAH Tenerife, Plataforma por una Vivienda Digna de Lanzarote, la Plataforma Hipoteca Norte de Gran Canaria (AHINOR), la Plataforma de Viviendas Sociales en Lucha, ADEPSI, Nuevo Futuro Tenerife, Nuevo Futuro Las Palmas, Asociación Semilla del Norte de Gran Canaria, Colectivo Vicocasa, Colectivo Provivienda, Oficina de Innovación Cívica, CCOO, UGT, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Gran Canaria, Consejo Canario de Colegios Oficiales de Arquitectura Técnica, Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Tenerife, Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas, Federación Provincial de Entidades de la Construcción (FEPECO) de Santa Cruz de Tenerife.
La presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Tenerife, Candelaria Delgado, habló en nombre de los colectivos firmantes y calificó “de muy positiva” la iniciativa del Gobierno regional. “La firma de este Pacto pone las bases para que la vivienda siga siendo reconocida como un derecho fundamental y no como un privilegio de unos pocos”, agregó.
Además de estos colectivos e instituciones, se adhieren también al Pacto por la Vivienda Digna todos los grupos políticos del Parlamento regional, firmados por sus presidentes o portavoces: Nayra Alemán por el Grupo Partido Socialista Canario-PSOE; José Miguel Barragán por el Grupo Coalición Canaria-PNC-AHI; María Australia Navarro por el Grupo Partido Popular; Luis Campos por el Grupo Nueva Canarias; Manuel Marrero por el Grupo Unidas Podemos; Melodie Mendoza por el Grupo Asociación Socialista Gomera y Ricardo Fernández por el Grupo Ciudadanos.
Cerró el proceso de la firma del documento el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
El consejero Sebastián Franquis, tras la firma, valoró positivamente el consenso alcanzado para poner en marcha una de las prioridades de la agenda social del Gobierno canario como es la vivienda. “La firma de hoy es un primer paso de los objetivos que nos hemos trazado en las políticas de viviendas del Gobierno, un paso para comprometernos todos a la construcción de nueva vivienda pública en Canarias tras ocho años sin construir nada”, aseguró Franquis, “el Plan que presentaremos en las próximas semanas contempla que el Gobierno de Canarias construya 2.200 viviendas en los próximos cuatro años, y tenemos los recursos para hacerlo, por eso pedimos a los ayuntamientos y a los cabildos que nos ayuden a la hora de cedernos suelo para construir esas casas, y además, sumar a estas las que podamos construir dentro del Plan 20.000 Viviendas del Gobierno de España al que nos hemos sumado al ser la nuestra una comunidad autónoma tensionada por el incremento de los precios de alquiler”.
El texto definitivo del Pacto suscrito hoy ha incorporado, prácticamente en su mayoría, las apreciaciones y cuestiones que han planteado tanto las formaciones políticas, como los colegios profesionales, como los colectivos sociales y económicos en las distintas reuniones que el consejero Franquis ha mantenido con ellos desde que presentara el borrador del Pacto en diciembre pasado.
El objetivo fundamental de este Pacto, el primero dedicado exclusivamente a afrontar la problemática de la vivienda en las Islas, es adoptar y poner en marcha las acciones y medidas necesarias para proporcionar a la ciudadanía de las islas, a las familias, una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, generando también la implicación y participación de los agentes sociales y privados involucrados en el ámbito de la vivienda.
Se trata de establecer una serie de acciones y medidas que salgan de un análisis más equilibrado, adecuado y ligado con las circunstancias económicas, financieras y sociales del momento actual de acuerdo con los siguientes fines: facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social; incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas como medio de impulso económico del sector; facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible, promoviendo actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas; y, fomentar la política de rehabilitación de la edificación en núcleos urbanos y rurales, no sólo con programas de subvenciones, sino con incentivos que actúen como catalizador.
