Sumario:
- Espino pregunta a Rodríguez por qué tiene tanto miedo que impide que el Parlamento debata el “Caso mascarillas”
- Espino advierte al Gobierno que la figura del policía interino que propone la nueva ley es un paso atrás para la seguridad de los canarios
Espino pregunta a Rodríguez por qué tiene tanto miedo que impide que el Parlamento debata el “Caso mascarillas”
La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha realizado hoy en el Pleno una batería de preguntas al vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, para tratar de esclarecer si su departamento, la Consejería de Hacienda, dio instrucciones para que la compra de mascarillas se hiciera a cargo de fondos europeos y para entender también por qué Nueva Canarias, el Partido Socialista y Podemos «tienen tanto miedo que ni siquiera permiten al resto de Grupos debatir sobre la necesidad o no de crear una comisión de investigación».
Espino ha sido directa con sus preguntas y en concreto ha cuestionado a Rodríguez si para la compra de mascarillas a la empresa RR7, mascarillas falsificadas, el departamento de Hacienda dio instrucciones para que se imputara a fondos europeos. La diputada ha recordado al consejero y vicepresidente que tanto la Fiscalía Europea, como el hasta ahora juez instructor del caso Mascarillas, confirman que es así, que la compra de las mascarillas falsificadas se imputó a fondos europeos.
Ante este hecho, Espino ha querido saber por qué Rodríguez trata de confundir con este asunto, por qué sigue llevándole la contraria a la Fiscalía y al juez y a qué se debe el miedo que tiene a que la Fiscalía Europea investigue. Por este motivo, también le ha preguntado cuánto tiempo tardó en reaccionar desde que Sanidad avisó a su departamento de que había que actuar y embargar para recuperar los cuatro millones de euros estafados al erario público.
«Usted y su departamento no tardaron días, ni semanas. Tardaron meses en reaccionar para tratar de recuperar el dinero», ha lamentado la diputada que ha seguido reclamando respuestas tal y como hizo en la rueda de prensa del pasado 16 de noviembre en la que denunció que el Pacto de las Flores votase para esconder a los canarios la estafa del caso mascarilla. En ese momento, Espino recordó que el objeto de la comisión de investigación es esclarecer qué participación tuvieron los diferentes miembros del Gobierno en esta supuesta trama de fraude de cuatro millones de euros al erario público.
Con esta finalidad, porque los canarios tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, la diputada ha hecho más preguntas: ¿Quién tomaba las decisiones en el comité de emergencia, del que formaban parte usted mismo y el presidente Torres? ¿Quién decidía las compras del material, a quién se compraban, por qué precio? ¿Por qué no existen actas de esas reuniones, en las que se tomaban decisiones tan importantes?
La diputada Vidina Espino también se ha interesado en conocer por qué hubo compras de material por más de 40 millones de euros, que nunca fueron aprobadas en consejo de Gobierno y ha preguntado cuántos millones de mascarillas hay guardadas en almacenes en Canarias porque era material falsificado. «Solo en el Hospital de La Candelaria hay más de seis millones de unidades», ha señalado. Otra de las interrogantes que rondan sobre el caso es por qué dos de las empresas que hicieron mayor volumen de negocio, fueron contratadas a pesar de estar inhabilitadas para contratar con la administración.
Espino advierte al Gobierno que la figura del policía interino que propone la nueva ley es un paso atrás para la seguridad de los canarios
La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha mostrado hoy su disconformidad a la creación de la figura del policía interino que contempla el anteproyecto de ley de coordinación de policías locales de Canarias porque «supone un paso atrás en la protección en la seguridad de los ciudadanos». Espino ha señalado que este anteproyecto ha generado gran malestar a los propios policías locales que «están descontentos, tanto con las formas como con el fondo de algunos de los aspectos esenciales de esta ley».
La diputada ha explicado que antes de publicarse, los policías ni siquiera fueron informados del mismo en la mesa de coordinación y que se quejan de las escasas reuniones de este órgano en esta legislatura así como también de que sindicatos representativos como UGT hayan quedado fuera de las últimas convocatorias. «Es una ley que parte sin consenso», ha lamentado Espino para quien es necesario contar con una nueva porque «la del año 1997 ha quedado obsoleta» y ha insistido en que se tiene que contar con las policías locales, tomando en cuenta sus observaciones y propuestas porque lo contrario es estar en contra de los policías.
Vidina Espino fue muy clara cuando le dijo al consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias que es «inaceptable» que una persona sea policía solo durante unas semanas, unos meses o como máximo durante tres años» y que el problema es que los ayuntamientos no han convocado plazas de policías. A la diputada le parece «realmente chocante» que con el problema que ha tenido el departamento de Pérez para buscar una solución al problema del abuso de la temporalidad y los interinos plantee precisamente crear algo que «nunca ha existido en Canarias y que no solo puede generar problemas a la administración en el futuro sino problemas de seguridad ciudadana».
El nivel de preparación de un policía que ha obtenido su plaza en un concurso de oposición tampoco es el mismo que el de un interino, ha aclarado la diputada que ha indicado que con esta nueva ley se intenta «poner parches». En este sentido ha recordado también que la ley recupera otra figura que se había logrado extinguir en Canarias como empleado público y que es la del vigilante de seguridad para hacer funciones de policía local. Algo que ha considerado «otro retroceso en la seguridad de los canarios». Espino ha leído el punto exacto de la disposición adicional primera donde se recoge este hecho: «En los municipios donde no exista personal de policía local, los cometidos de esta serán ejercidos por vigilante municipales que desempeñarán funciones de custodia y vigilancia de bienes y servicios e instalaciones que ostentarán el carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y que no podrán portar armas de fuego».
Ratios por habitante
Durante su comparecencia, la diputada ha comentado que «lo que no se puede permitir» es que existan municipios como Firgas, en Gran Canaria, donde solo hay un policía local cuya función es la de hacer de chófer del alcalde. «Es ahí donde debe intervenir el Gobierno de Canarias «para garantizar un número mínimo de agentes de policías locales en función del número de habitantes». Espino ha recordado que Firgas tiene 7.500 habitantes y que, por tanto, debería tener al menos 12 policías locales, que es la ratio recomendada por la Unión Europea. «Lo que ustedes van a permitir con esta ley es que el alcalde siga con su chofer y que contrate a vigilantes que no van a garantizar ninguna seguridad y así en todos los municipios de Canarias», ha lamentado la diputada que ha señalado que lo que el Gobierno está planteando con esta situación es que todas aquellas personas que se están preparando oposiciones se hagan un cursillo de vigilantes.
La pasada semana, Vidina Espino se reunió con una veintena de representantes policiales para escuchar sus demandas y propuestas con el objetivo de poder reconducir este anteproyecto de ley. Ante el consejero, la diputada ha señalado que igual que se crea una pasarela para que militares puedan acceder a un número de plazas reservadas en los cuerpos de policía local los agentes de la policía canaria también puedan hacerlo y viceversa. Otra de las propuestas ha sido la creación de una pasarela específica para los agentes de movilidad, que son 20 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que se podría hacer mediante la incorporación de una disposición adicional, como se ha hecho en otras comunidades.
Sobre la movilidad, Espino ha mostrado la necesidad de legislar en favor de la carrera profesional de los agentes y no poner impedimentos ni dificultar la movilidad entre los cuerpos de un municipio a otro. En cuanto a las competencias, ha explicado que, con la nueva ley, además de las propias, los agentes asumen además todas aquellas que deleguen los cuerpos generales. «Pero no se da garantía de que las plantillas vayan a tener ni personal ni medios suficientes para poder cumplirlas».
En referencia a las sanciones, la diputada no entiende cómo la ley detalla minuciosamente todas las que afectan al agente de policía que incumple con su deber pero no hay ni una sola mención para los ayuntamientos que incumplen. «Es una ley que solo reglamenta los aspectos coercitivos para los agentes pero que se olvida de cuestiones relevantes para garantizar la seguridad de los ciudadanos». Espino ha insistido en que se trabaje en una norma de presente y de futuro que pueda estar en vigor otros veinte o veinticinco años.
La diputada ha hecho un reconocimiento a los agentes de la Policía Canaria y los cuerpos de la Policía Nacional en la labor que desempeñan cada día y ha destacado que si hay un cuerpo que presta ese servicio de proximidad al ciudadano son las policías locales y sus más de 3.200 agentes. Por eso, «es necesario que de este Parlamento salga la mejor ley de policías locales de Canarias», ha señalado. «Y para eso es necesario reflexión, consenso y legislar para garantizar y mejorar la seguridad de los ciudadanos».
