Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, reclama al Gobierno que, por una vez, «ponga rostro a los cientos de miles de personas que en las Islas viven sumidas en la pobreza severa» y que no siga demorando más tiempo la puesta en marcha de la renta ciudadana, la medida estrella que llevan anunciando desde hace más de dos años. «Cada día que pasa es un día más que este Gobierno sigue dejando atrás a una familia que no sabe ni tiene cómo sobrevivir», lamentó.
Esta demora reiterada demuestra que la atención a los más vulnerables no es una prioridad para este Gobierno «que prefiere repartir promesas antes que gestionar ayudas», a pesar de que los datos siguen confirmando que Canarias es una de las comunidades con la tasa de exclusión social más elevada, un 29,1% de la población, según los datos del último informe de Cáritas y la Fundación FOESSA presentado este martes 18 de enero.
«La crisis sanitaria ha agudizado la desigualdad entre la población y las grandes damnificadas vuelven a ser las personas más frágiles y desfavorecidas a quienes siguen sin llegar las respuestas del escudo social», recordó la portavoz. El informe también destaca a Canarias como una de las tres comunidades en las que las tasas de exclusión en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer son particularmente elevadas.
Frente a esta situación, el informe de Caritas Española considera necesario perfeccionar el sistema de protección social mejorando la cobertura del Ingreso Mínimo Vital y apunta que en España solo dos de cada diez personas en situación de pobreza severa han sido beneficiadas por el IMV. En el caso de Canarias -recuerda la portavoz del Grupo Mixto- se han denegado ocho de cada diez solicitudes. «Un verdadero fracaso social que supone dejar abandonadas a miles de familias en las Islas».
Vidina Espino asegura que el Gobierno de Canarias continua sin tener un plan ni una estrategia para abordar la situación dramática de la pobreza en Canarias y, como viene siendo costumbre, deja en manos de la propia ciudadanía la solución a los problemas. En este sentido, coincide con las críticas a la mala gestión de las políticas sociales del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «No se puede permitir que una persona tenga que esperar hasta cuatro o cinco meses para que le den una cita en los servicios sociales», denunció la portavoz, que recordó que se trata de personas que no tienen nada.
Por si fuera poco, a este hecho se suma la denuncia de entidades sociales que han mostrado la falta de apoyo del grupo de gobierno en su trabajo de reparto de alimentos a familias vulnerables. «No pueden seguir con esa política del desprecio, dejando atrás a personas y familias enteras», lamentó Espino que denunció que, ante este atasco en la atención social, el Gobierno de Canarias sigue sin poner en marcha la Historia Social Única como le obliga la ley de Servicios Sociales, «una herramienta que facilitaría este tipo de trámites a la ciudadanía en coordinación con los ayuntamientos».
