Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha calificado de «escandaloso» que solo tres días después de que los grupos PSOE, Podemos y ASG votaran a favor de que se nombrara la ponencia para el inicio de los trabajos del mandato marco a la televisión canaria, hayan decidido dar marcha atrás en su decisión.
La diputada ha mostrado su incredulidad al conocer que los cuatro grupos del Gobierno -PSOE, NC, Podemos y ASG- presentaron hoy en el registro un escrito solicitando a la Mesa que se suspenda el inicio de la ponencia por la aprobación de un nuevo mandato marco hasta contar con un nuevo informe externo. Espino no entiende qué ha pasado para que, durante la votación del pasado lunes día 2, ninguno de estos tres grupos pusiera objeción al informe de la Audiencia de Cuentas y lo hagan ahora, «sumándose a la tesis que defendió NC que sí votó en contra de la ponencia».
Sobre este cambio de postura en un asunto que ya se había votado y aprobado, «el pacto de las flores tendrán que dar una explicación a los canarios -ha señalado Espino- porque, «si en la próxima Junta de Portavoces sale adelante la votación en contra de la ponencia habrán demostrado que no tienen ningún interés en cumplir la ley, ni en dar estabilidad a los trabajadores y mucho menos en dar normalidad democrática al Ente».
Hay que recordar que el propio administrador único del ente, Francisco Moreno, aseguró en comisión parlamentaria que ninguna empresa se había presentado al concurso para renovar los equipos e instalaciones de la televisión canaria, que se encuentran totalmente obsoletos, y lo achacó a la inseguridad jurídica existente ya que no había un mandato marco para definir el modelo televisivo. La realidad es que si se aprueba el mandato marco y se decide ir a un modelo de televisión totalmente público, se tendría que paralizar ese concurso que ya está en marcha por 58 millones de euros.
Vidina Espino también ha insistido en que el informe de la Audiencia de Cuentas se realizó en base a un informe anterior que solicitó el presidente del Parlamento al administrador único para que especificara qué aspectos debía analizar, por lo que este informe se elaboró atendiendo a los parámetros que el propio administrador indicó que había que medir. El informe tuvo el visto bueno de la Mesa que lo admitió a trámite el pasado 24 de enero y, en todo este tiempo, casi cuatro meses, ninguno de los grupos ha cuestionado sus conclusiones. La portavoz no entiende por qué, si el lunes votaron a favor del nombramiento de la ponencia sin poner objeciones, ahora han decidido rectificarse a sí mismos.
La diputada ha resaltado que con este cambio de postura, al achacar «deficiencias» al informe, se «está cuestionando la profesionalidad de la Audiencia de Cuentas que es el máximo órgano auditor de la Comunidad Autónoma». Entre otras funciones, se encarga de asesorar al Parlamento de Canarias en cuestiones tan relevantes como sus competencias, fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de la Comunidad y emitir dictámenes y consultas sobre contabilidad pública y de actividad económico-financiera.