Se trata del contrato de los auxiliares que prestan servicio en los centros de El Lasso, El Polvorín y La Isleta, tras el cierre de Gánigo en septiembre de 2022 por su pésimo estado y una plaga de chinches que no pudo ser erradicada
Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha acusado a la alcaldesa Carolina Darias (PSOE) de desatender a los más vulnerables de nuestro municipio, al revelar que el Ayuntamiento capitalino lleva 17 meses sin pagarle las facturas a la empresa que presta el servicio de auxiliares en los centros de personas sin hogar de titularidad pública.
«Una vez más vemos cómo los problemas de impagos de este Ayuntamiento se ceban con las empresas que prestan servicios al municipio, con el agravante en esta ocasión de que se trata de algo tan sensible como la atención a las personas sin hogar que acuden a los centros de El Lasso, El Polvorín y La Isleta», puntualiza el edil nacionalista.
En total, la empresa lleva 17 meses sin cobrar del Ayuntamiento las sucesivas facturas que han ido emitiendo con cargo a los servicios realizados. «Nos consta que desde marzo de 2022 este Ayuntamiento ha intentado licitar un nuevo contrato pero ha sido incapaz de llevarlo a término», añade Suárez.
En concreto, el nuevo pliego tiene el nombre de ‘Servicio de la promoción de la autonomía personal y apoyo a la integración de las personas sin hogar’, está dotado con un total de 2,2 millones de euros y tiene una duración de tres años más uno extra de prórroga. «Tras más de año y medio sin cobrar la situación de la empresa que presta el servicio ahora mismo es extrema, hasta el punto que amenaza con irse», prosigue.
Los auxiliares prestan sus servicios en virtud de un contrato que se formalizó por la vía de emergencia en pleno Estado de Alarma, pero ante la imposibilidad de poder formalizarse el nuevo pliego, se ha seguido prestando en precario y gracias a la voluntad del prestatario, que ha ido asumiendo las nóminas de sus trabajadores a pesar de que el Ayuntamiento no le pagaba.
«El 1 de marzo tienen previsto abandonar el servicio si no se les paga y esto sería algo sencillamente catastrófico. Hay que recordar que la empresa tiene la obligación de estar al día en el pago de sus trabajadores, de los seguros sociales mientras el Ayuntamiento no cumple. El PSOE ha normalizado que puede pagar con hasta año y medio de retraso las facturas a las empresas que le prestan servicios», finaliza el representante de CC.