A pesar de los esfuerzos institucionales, la economía sumergida continúa representando un segmento significativo del PIB canario, evidenciando retos únicos para el archipiélago
Santa Cruz de Tenerife. La economía sumergida en Canarias no es un fenómeno reciente, pero su magnitud y persistencia siguen siendo motivo de preocupación tanto para las autoridades locales como para la sociedad en general. Representando aproximadamente el 28% del Producto Interior Bruto (PIB) regional superando el presupuesto de 2024 de 13.700 millones de euros, esta actividad ilegal no solo supone una pérdida significativa de ingresos fiscales sino que también plantea desafíos para la regulación del mercado laboral y la justicia social.
La principal justificación para operar en la economía sumergida, para la ocultación de la actividad a las autoridades económicas, es la de evadir el pago de impuestos, de cotizaciones sociales y quedar al margen del cumplimiento de la regulación de la actividad económica, siendo la principal motivación, el beneficio que se espera obtener con esta práctica.
A lo largo de los años, estudios e informes han intentado cuantificar y analizar este fenómeno, arrojando luz sobre sus diversas facetas. La economía sumergida abarca un amplio espectro de actividades, desde el empleo no declarado hasta el arrendamiento de viviendas sin reportar los ingresos correspondientes. En Canarias, se estima que hay alrededor de 182.640 empleos no declarados, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío que enfrenta el archipiélago para integrar estos trabajos a la economía formal.
El sector de la hostelería, la agricultura, la construcción y el servicio doméstico son particularmente susceptibles a la economía sumergida. Por ejemplo, se ha detectado que una cuarta parte de las viviendas alquiladas en Canarias opera en el mercado negro, lo que no solo evade impuestos sino que también contribuye a distorsionar el mercado inmobiliario regional.
Los esfuerzos gubernamentales para abordar esta problemática han sido variados, incluyendo el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo y la implementación de nuevas tecnologías y sistemas de gestión para mejorar la eficacia de la recolección de impuestos. Además, se ha buscado fomentar una mayor cultura de cumplimiento fiscal entre los ciudadanos y empresarios del archipiélago.
Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, la economía sumergida en Canarias sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo económico y social pleno de la región. La complejidad de este fenómeno requiere de un enfoque multifacético que combine medidas coercitivas con estrategias que promuevan la inclusión económica y la formalización de empleos y negocios.
En conclusión, mientras Canarias enfrenta este reto persistente, es crucial que las estrategias adoptadas se ajusten continuamente a la realidad cambiante del archipiélago, buscando siempre equilibrar la necesidad de reforzar el marco fiscal y legal con el fomento de un entorno económico inclusivo y justo para todos sus habitantes.
