Bienestar Social incorporará nuevas plazas para personas con dependencia en todas las islas
Santa Cruz de Tenerife.- La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias está llevando a cabo una profunda reestructuración de la gestión de la discapacidad en Canarias que pasa por descentralizar las tramitaciones con ayuda de los cabildos, seguir incorporando a más personal y poner en marcha la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. Esta última ya en la última fase de desarrollo para su puesta en marcha y de la que aprovechó para mostrar un modelo de cuál será su aspecto.
La consejera reconoció los atrasos en las tramitaciones de las solicitudes “en Canarias y en todas las comunidades” y señaló que, según la normativa vigente, “cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución”.
Candelaria Delgado argumentó que el periodo de pandemia por covid “provocó durante meses la suspensión de las valoraciones y luego una reducción del número de citas en atención debido al aforo limitado de los espacios públicos. Asimismo, la entrada en vigor en el año 2023 del Real Decreto 888/2022 de 18 de octubre, por el que se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y el nuevo aplicativo informático BAREDI, creado expresamente por el IMSERSO, han ocasionado más retrasos”.
Aún así, la consejera aseguró que desde que accedió al cargo se han adoptado una batería de medidas desde la nueva Dirección General de Discapacidad para aligerar las listas que ya están dando sus resultados y, de hecho, “en los últimos meses, el número de valoraciones realizadas ha sido superior a la entrada de nuevas solicitudes”.
Entre otras medidas, informó sobre la dotación de todos los puestos vacantes, que “cuando asumimos la gestión, superaban con creces la veintena”, y la dotación de personal médico para los centros de valoración de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. “Doce ya están trabajando y dos más se incorporarán próximamente”.
También mencionó el encargo a la entidad “FUCAS” para la implantación de otros dos nuevos equipos adicionales en cada una de las islas capitalinas, para la valoración del grado de discapacidad; el incremento del personal que integran los equipos de valoración de la discapacidad, dependientes del Cabildo Insular de Fuerteventura mediante un convenio ya firmado; la negociación con los Cabildos Insulares de La Gomera y de El Hierro para la realización, en sus respectivos territorios, de los procedimientos de valoración de la discapacidad, y la preparación de los convenios de colaboración a celebrar con los Cabildos Insulares para la encomienda de la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales.
Bienestar Social incorporará nuevas plazas para personas con dependencia en todas las islas
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias incorporará nuevas plazas para personas con dependencia, mayores y con discapacidad en todas las islas. “El Gobierno de Canarias está ya ultimando, junto a los cabildos insulares, la firma de la sexta adenda al convenio plaza/día de Canarias, en el que se incluirá un incremento de plazas”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en respuesta parlamentaria a por qué no se han financiado las 72 plazas solicitadas por el Cabildo de Gran Canaria para atender a personas dependientes mayores de 21 años.
Según explicó la consejera, la quinta adenda en vigor se firmó a finales del pasado ejercicio y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. “Para mejorar los recursos, en estos momentos estamos cerrando con los cabildos la firma de la sexta adenda, que supondrá un incremento de 15,58 millones de euros, de los que 11,46 millones los aportaría el Gobierno de Canarias y 4,12 millones de euros, los cabildos insulares”.
En concreto, en la isla de Gran Canaria, esta sexta adenda permitirá incorporar 887 plazas nuevas para personas con discapacidad, dependientes o mayores, entre las que se incluyen plazas en centros de día, centros de mayores, teleasistencia, residenciales…
La consejera aclaró que la puesta en marcha de esta adenda “depende no solo de este Gobierno de Canarias, en plena coordinación con el Cabildo Insular de Gran Canaria, sino también de la implicación y de la financiación que aporta el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a esta Comunidad Autónoma en términos del nivel mínimo y nivel acordado, lo que conlleva el incremento del gasto plurianual por el total de plazas y de cabildos”.
A este respecto, anunció que el Gobierno canario dispone ya, desde esta misma semana, de la financiación confirmada y certificada por el Estado para aportar el crédito suficiente para hacer frente a esta nueva adenda, por lo que solo restaría la generación de crédito por la Consejería de Hacienda, que se realizará lo antes posible para poder firmar esta sexta adenda.
En relación a la petición del Cabildo de Gran Canaria, Delgado aclaró que ya se la he comunicado a esta corporación, en el seno de las comisiones de seguimiento, que la próxima sexta adenda se establece con todos los cabildos “y que, una vez se formalicen los trámites necesarios, se rubricará”.
De hecho, según explicó Delgado, el Cabildo de Gran Canaria, además de las 72 plazas requeridas, solicita incluir en el nuevo acuerdo 416 plazas para atención residencial para personas mayores y 97 plazas de atención residencial para personas con discapacidad, lo que suma un total 513 plazas, a lo que hay que sumar la inclusión de 224 plazas en centros de atención diurna (149 plazas para centros de mayores y 75 para personas con discapacidad) y 150 plazas de teleasistencia. En total, 887 nuevas plazas solo para la isla de Gran Canaria.
Además de estos nuevos recursos, se solicita por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, un total de 44.640 horas para el servicio de Promoción de la Autonomía Personal y 80.000 horas para el servicio de Atención Domiciliaria.
