El 70% del personal de Dependencia finaliza su contrato en diciembre y el Gobierno no prevé su renovación

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El 70% del personal encargado de la valoración de la Dependencia en Canarias finalizará su contrato en diciembre, y el retraso en su renovación podría colapsar el sistema, según advierte ODESOCAN

Santa Cruz de Tenerife.- El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) ha advertido sobre la situación crítica que enfrenta el sistema de valoración de la Dependencia en Canarias. Se ha informado que el 70% del personal contratado por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, encargado de la valoración del grado de Dependencia y la emisión de informes PIA, finalizará su contrato el próximo 31 de diciembre. La falta de renovación inmediata de estos contratos agravaría significativamente el ya complicado estado del sistema.

Emma Colao, directora de ODESOCAN, ha expresado su preocupación ante la ausencia de avances en la renovación del contrato programa, que financia hasta el 70% del personal de la Dirección General de Dependencia. “Es imperativo que la consejera dé el visto bueno a la renovación, ya que los trámites burocráticos asociados, incluyendo informes de la Dirección General de Planificación y Presupuestos y el área de Función Pública, pueden extenderse por al menos cinco meses, lo que afectaría gravemente la capacidad de la Dirección General de emitir resoluciones”, señaló Colao.

De no concretarse la renovación antes de fin de año, los tiempos de espera para la valoración de solicitudes podrían aumentar entre cinco y siete meses. Además, durante ese período, la Dirección General no podría emitir ninguna resolución. Colao también destacó que el presupuesto actual de 272.440.338 euros es insuficiente para cubrir la demanda, señalando que sería necesario un incremento del 143% para alcanzar un total de 661.612 euros en los presupuestos de 2025, si se quiere atender adecuadamente a las personas en situación de dependencia.

Ante esta situación, ODESOCAN ha presentado un escrito a la Presidencia del Gobierno, a la Consejería de Bienestar Social y a la Dirección General de Dependencia, solicitando con carácter de urgencia la prórroga del contrato programa para evitar el colapso del sistema de reconocimiento de derechos y prestaciones para las personas en situación de dependencia.

 


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