Las Palmas de Gran Canaria.- Investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han hecho públicos los datos que indican la presencia en Canarias de la ‘Rugolopterix okamurae’, una especie de alga invasora que está causando estragos en las actividades turísticas y pesqueras de las provincias de Málaga, Cádiz y en la ciudad autónoma de Ceuta.
Según los datos recogidos y analizados por el catedrático Ricardo Haroun, actual director en funciones del IU-ECOAQUA, y el profesor Fernando Tuya, director del Grupo de Biodiversidad y Conservación (BIOCON) del mismo instituto de la ULPGC, esta alga parda de origen japonés tiene ya presencia de poblaciones «muy extensas y bien establecidas» en distintos tramos costeros de Gran Canaria.
Concretamente, según los datos analizados en las últimas semanas, la especie invasora ha sido observada en «acumulaciones masivas» tanto a pie de orilla como flotando sobre las aguas en la zona de la Playa de La Puntilla y el Muelle Pesquero de San Cristóbal, donde «más del 90% de las biomasas localizadas corresponden a ejemplares de esta nueva especie», afirman los expertos científicos, a la luz de las características morfológicas y anatómicas de los ejemplares recolectados y a la espera de conocer los análisis genéticos que confirmarían definitivamente su identidad y origen.
Se trata de una especie que lleva varios años causando graves problemas ambientales en el Estrecho de Gibraltar, donde se han llegado a retirar más de 10.000 toneladas, generando costes económicos de hasta 400.000 euros, tal y como se desprende de la información facilitada en la última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, durante la cual fue aprobada una estrategia de gestión frente a esta amenaza contra el ecosistema marino y costero para el área afectada de Andalucía.
Asimismo, según refieren los científicos de IU-ECOAQUA, esta misma especie ha sido detectada ya en las costas de las Azores y, más recientemente, en Madeira, coincidiendo, en todos los casos, el tráfico marítimo comercial como vector principal de transporte y entrada de la especie colonizadora en las zonas afectadas.
Su fuerte impacto biológico, ecológico y socioeconómico, con especial afectación al sector pesquero profesional, ha hecho sonar las alarmas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la ministra Teresa Ribera a nivel estatal. Motivo por el cual, el principal órgano de diálogo institucional entre las autonomías y el Gobierno central en materia de medioambiente trasladó el pasado jueves, 28 de julio, la necesidad de fijar la distribución actual y predictiva de la especie, así como el desarrollo de un análisis actualizado de sus impactos ecológicos y económicos y el desarrollo de actuaciones de sensibilización a la población sobre esta problemática, instando a la coordinación interadministrativa para minimizar las afecciones provocadas por el alga invasora.
En esta línea han estado trabajando los investigadores de la ULPGC desde la localización de los primeros ejemplares de esta especie en el intermareal de La Laja (Las Palmas de Gran Canaria), que los llevó a realizar unas visitas pormenorizadas de distintos tramos del litoral de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, localizando la especie exótica principalmente entre San Cristóbal y Melenara.
Sin embargo, los expertos del IU-ECOAQUA no descartan la presencia de esta alga parda en otros tramos costeros de Canarias, como podría ser el entorno costero del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que consideran en riesgo, dado el elevado tráfico marítimo comercial que existe entre el mismo y el sur de la Península Ibérica.
Según advierten los científicos, el comportamiento de esta especie supone una importante amenaza para los ecosistemas marinos canarios, debido a su rápido crecimiento, capaz de sustituir a las especies autóctonas de las Islas.
Es por ello, que el centro de investigación de la ULPGC ha querido dar la voz de alarma sobre los potenciales efectos negativos que esta especie invasora puede tener en los ecosistemas canarios, recomendando que se tomen medidas administrativas públicas necesarias para el seguimiento de las poblaciones ya establecidas, así como para identificar la posible presencia de otras poblaciones en procesos iniciales de colonización en otras zonas del Archipiélago, tomando medidas de control o de otra índole.
