Santa Cruz de Tenerife.- El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) logró el respaldo de la Cámara autonómica a las 46 propuestas de resolución presentadas en el seno del Debate del Estado de la Nacionalidad, que se celebra desde el pasado martes y en el que se ha puesto el acento sobre aspectos como la sanidad, la educación, la transición ecológica, el turismo, los sobrecostes de la doble insularidad, así como la reconstrucción de La Palma.
En el inicio de su intervención, el portavoz, Casimiro Curbelo, abordó la diversificación económica como uno de los retos que tiene Canarias, y que pasa por la mejora de la competitividad de las empresas, el refuerzo de la internacionalización, la atracción de la inversión exterior, así como el avance de la implantación de zonas francas, “sin olvidar el impulso al sector primario y al sector industrial”.
Hizo referencia a la crisis migratoria y reiteró su petición de solidaridad al resto de comunidades autónomas para la distribución de los menores no acompañados que aún están en las islas. “El Senado ya respaldó una propuesta de ASG en este sentido y, ahora, abordamos esta realidad pidiendo un cambio normativo que favorezca las derivaciones regladas ante el colapso de las regiones fronterizas como es el caso de Canarias”, dijo.
Las dificultades de desarrollo que tienen las islas no capitalinas fue otra de las propuestas de resolución defendidas por ASG. Según explicó Curbelo, “hay que abordar de forma integral la compensación de los sobrecostes de la doble insularidad, especialmente, en los precios de los combustibles a los que habrá que ajustar su fiscalidad”, afirmó.
En cuanto a las políticas fiscales, reafirmó su postura contraria a una rebaja generalizada del IGIC, puesto que según precisó supondría hasta 200 millones de euros menos para las administraciones locales. “Nuestra propuesta plantea seguir promoviendo una fiscalidad que tenga en cuenta la afección al tejido productivo, el empleo, la incidencia en las economías domésticas y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales”, aseveró.
Asimismo, apeló a la Unión Europea a continuar con el apoyo a las regiones ultraperiféricas, que “sufren de forma particular las consecuencias de las coyunturas actuales”.
Respecto al conflicto del Sáhara, Curbelo aclaró que desde ASG se insta al Estado a que en seguimiento de las resoluciones de la ONU se realicen los esfuerzos diplomáticos necesarios para que el Sáhara Occidental pueda ejercer su derecho a referéndum y su decidir sobre su autodeterminación.
Al igual que se pidió que se informara al Gobierno de Canarias y al Parlamento sobre los acuerdos que pudieran existir entre el Reino de Marruecos y España, en aquellos aspectos que tengan relevancia para las islas, y la participación de Canarias en las políticas y acuerdos de colaboración de la Unión Europea y de España con África.
La reconstrucción de La Palma, sanidad, derechos sociales y educación
Por su parte, Melodie Mendoza abordó la reconstrucción de La Palma como uno de los principales retos que deben afrontarse desde la unidad “con la mayor agilidad y total transparencia para que las ayudas lleguen lo antes posible, permitiendo a los afectados planificar sus vidas”.
En este mismo sentido, destacó la necesidad de avanzar en la digitalización de la administración, “no sólo para las ayudas de los palmeros, sino para la simplificación”, aunque alertó de que estos avances “deben tener en cuenta las dificultades de muchas familias para acceder a las herramientas tecnológicas”.
En el transcurso de su intervención, insistió en el impulso a la modernización y agilización en los trámites judiciales,la mejora de sus infraestructuras y la resolución, junto al Estado, de la ampliación pendiente en las plantillas de los juzgados y la fiscalía de Canarias. En esta misma línea, manifestó la relevancia de avanzar en materia de seguridad para implantar efectivos de la Policía Canaria en todas las islas.
Hizo hincapié en la labor que prestan los efectivos de protección civil y bomberos voluntarios en islas como La Gomera, donde “hacen un trabajo encomiable”, antes de apuntar al anuncio realizado en la última Conferencia de Presidentes en el que se expuso el compromiso de potenciar el sistema nacional de protección civil.
En cuanto a educación, Mendoza, insistió en seguir haciendo esfuerzos para aumentar las plazas públicas de 0 a 3 años, “un recurso asistencial esencial para las familias, especialmente, las más vulnerables y que permite, a su vez, la conciliación de la vida laboral y familiar”.
Respecto a las universidades, planteó dar un mayor apoyo desde las administraciones públicas, puesto que se enfrentan también al impacto del incremento de la factura eléctrica, lo que supone un aumento en los recursos económicos que necesitan para mantener sus prestaciones. “Hay que conseguir que estos centros sean autosuficientes energéticamente y tenemos las herramientas para lograrlo”, puntualizó. Además de la propuesta para alcanzar un pacto por la I+D+i en Canarias, Mendoza aludió a las infraestructuras educativas como “piezas claves”.
Así insistió en sacar adelante la Ciudad Educativa de San Sebastián de la Gomera y la electrificación y puesta en marcha del ascensor del CEIP La Lomada. Los derechos sociales ocuparon parte del conjunto de las propuestas de resolución, que también plantean la aprobación del catálogo de servicios sociales, “necesario para el pleno desarrollo de la ley con el fin de mejorar la respuesta social en nuestra tierra. Al igual que continuar con la mejora de la atención a dependencia y la valoración de los grados de discapacidad”, esgrimió Mendoza, antes de pedir que la administración ejerza de “paraguas” para combatir los índices de pobreza que arrastra Canarias.
Mendoza insistió en continuar con las políticas sociosanitarias pero de forma más incidente en las islas no capitalinas, “donde la ausencia de plazas históricamente siempre ha sido mayor en comparación con las isla capitalinas, aunque siendo conscientes de esta realidad y la dificultad de cesión de suelo que existe para crearlas, este Gobierno ha aumentado las ayudas a los ayuntamientos para facilitar el servicio de atención domiciliaria”.
Respecto a la sanidad, apeló a la una igualdad en el acceso a los servicios sanitarios “para lo que necesitamos dotar de especialistas a los hospitales de las islas no capitalinas, pero mientras esto se consigue debemos revisar las dietas para los pacientes y familiares que requieran de atención sanitaria obligatoria fuera de su isla”.
Al mismo tiempo que pidió priorizar la inversión en mejoras de los servicios de atención primaria y la ejecución de infraestructuras pendientes como el Centro de Salud de Valle Gran Rey o el consultorio de La Lomada. Vivienda, transportes, sostenibilidad, turismo y sector primario
En materia de vivienda, el diputado Jesús Ramos, destacó la “descongelación” de los programas para la creación de vivienda protegida en Canarias, que se ha materializado en el Pacto de Vivienda 2020-2025.
En este sentido, insistió en mejorar la gestión y las políticas de creación, incluyendo el fomento de las sinergias con el sector privado desde las posibilidades que tienen Visocan y el ICAVI, “poniendo una especial atención a la respuesta que debe darse a la emergencia habitacional que hay en todas las islas, especialmente, en La Palma después de la erupción volcánica”.
En cuanto a la inversión pública, apuntó al impacto que tiene en la generación de economía y empleo para lo que señaló las posibilidades que brinda “una mejor colaboración con cabildos y ayuntamientos para conseguir la máxima eficiencia en la ejecución de proyectos”. En este sentido, se refirió al sector de la construcción y a la necesidad de avanzar en la materialización de los proyectos conveniados con el Estado.
Otro de los ámbitos recogidos en las propuestas de resolución es el fortalecimiento del transporte aéreo y marítimo. En este sentido, Ramos apeló a la recuperación de la línea marítima interior entre los puertos del sur de La Gomera, la permanencia del vuelo directo diario con Gran Canaria durante todo el año, junto a la creación de una nueva Obligación de Servicio Público marítimo entre las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma.
Las políticas de empleo fue otro de los ejes de acción fijados por ASG, para los que se pidió la articulación de programas para la búsqueda proactiva de la empleabilidad, la mejora de la formación y la inclusión de aquellos colectivos con más dificultades en la inserción laboral.
Asimismo, Ramos reseñó la necesaria continuidad de los apoyos a pymes y autónomos, a través del aumento de las políticas del fomento empresarial y las ayudas al tejido productivo. En el campo del fortalecimiento económico, el diputado hizo hincapié en la implementación de una nueva estrategia que permita desarrollar políticas efectivas de I+D+i, en las que también se incluirá a las universidades canarias que “son vitales en la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
La sostenibilidad y la transición ecológica son dos retos que afronta Canarias, y que según Ramos, se está avanzando “con la instalación de energías limpias, el aumento de la eficiencia energética en los edificios públicos, el incremento de las inversiones en autoconsumo o la democratización de la energía hacia una transición justa”, que va unida a la correcta gestión de los recursos hídricos, el tratamiento y la reutilización de aguas residuales.
En cuanto al turismo, reiteró la apuesta por un modelo sostenible en el que prime la capacidad de gasto frente al número de turistas que llegan a Canarias, “porque lo importante son los beneficios que generan para nuestra gente”, subrayó. En el mismo contexto, pidió una actualización de las ayudas REA al sector industrial para compensar los costes adicionales, al igual que destacó el apoyo al sector comercial para avanzar en la digitalización y modernización.
El sector primario centró otra parte de las propuestas de ASG que abordan una reactivación desde la renovación generacional y la modernización de las infraestructuras agrarias, desde ayudas que permitan la autoabastecimiento y la soberanía alimentaria, “con la creación de sinergias entre la producción agrícola, la industria agroalimentaria y la comercialización.
Asimismo, expuso la necesidad de modificar el Régimen Especial de Abastecimiento (REA) y un aumento de las partidas de la ficha adicional del POSEI. Mientras, respecto al sector pesquero reseñó la urgencia de resolver los problemas de insuficiencias de cuotas de pesca de atún rojo y la dotación de más efectivos para la vigilancia contra el marisqueo.
