Santa Cruz de Tenerife.- Ante las dudas que ha mostrado la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, respecto a la legalidad de la devolución de 2,3 millones anuales por parte de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), a la compañía Sacyr; Coalición Canaria reitera que ninguno de sus miembros ha tenido constancia de irregularidad alguna en el sentido señalado, un hecho que tampoco ha sido advertido ni por la Intervención municipal ni por el servicio.
Durante los mandatos en los que José Manuel Bermúdez fue alcalde de la ciudad (2011-2019), EMMASA estuvo presidida por Julio Pérez (PSOE) y Dámaso Arteaga (CC) y como consejero Jose Ángel Martín (PSOE) y en este sentido, el edil nacionalista reitera que “no consta ningún informe técnico municipal que ampare o que justifique que el canon fuera irregular o ilegal”.
De hecho, Arteaga destaca que “la actual Viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Isabel Cubas, y que en aquel momento ocupaba el cargo de jefa de los Servicios Jurídicos Municipales consideró, en uno de los informes, que se trataba de un canon anticipado, por lo esta figura era reconocida y asumida por el propio Ayuntamiento y sus servicios”.
Dámaso Arteaga, destaca que “la propia lógica del mecanismo administrativo indica que todos los miembros del Consejo conocían que este canon se venía abonando, porque precisamente, tanto presidentes como consejeros, acudían a las reuniones donde se aprobaban las cuentas anuales”. “Entre ellos, destacan los socialistas, José Ángel Martín y Julio Pérez, que estamparon sus firmas durante la etapa en la que José Manuel Bermúdez era alcalde”, confirmó.
Respecto al incremento del precio del agua por efecto directo del pago del canon, tal como ha insinuado Patricia Hernández, Arteaga afirma que “no se ajusta a la verdad”, ya que “el precio siempre se ha vinculado con el IPC, por lo que, cuando éste se ha incrementado, los ciudadanos lo han notado en el recibo; pero también cuando el IPC ha sido negativo, se ha aplicado una disminución en el importe del recibo, tanto es así que la tarifa del agua está congelada desde el año 2013”.
Coalición Canaria tiene claro que cualquier indicio de irregularidad que pueda surgir en torno a este asunto, indudablemente será puesto en manos, tanto de los técnicos municipales como de la Justicia, si fuese necesario, para la adopción de cuantas decisiones resultasen precisas en defensa del patrimonio público municipal. El edil insiste en que “si la alcaldesa Patricia Hernández detectase irregularidades de tipo punible penalmente, tendría que notificarlo a las autoridades pertinentes de inmediato”.
La devolución del canon obedece a que antes de la licitación del contrato la emmasa pública abonaba al ayuntamiento un canon por el uso de la red de instalaciones que discurre por dominio público un canon que ahora y tras el concurso no se paga, de lo que se desprende que el canon abonado por sacyr es un canon demanial anticipado un pago del canon de una sola vez y no cada año, en cualquier caso habrá que esperar a lo que acontezca con el expediente administrativo correspondiente.
Para el Grupo Municipal CC-PNC, la alcaldesa se precipita apuntando conclusiones, y destaca que hay que ser rigurosos con el desarrollo del expediente administrativo. En cualquier caso, Arteaga insiste en que “lo que se ha anunciado es la incoación de un expediente administrativo que todavía tiene que ser contestado por EMMASA Sacyr; para posteriormente ir al Consejo Consultivo de Canarias, que será el órgano que interprete si este planteamiento jurídico se ajusta a derecho o no”.
