Santa Cruz de Tenerife.- La estabilización del empleo público, en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, está generando diversas controversias en las distintas administraciones públicas canarias. La ambigüedad del texto legislativo, abierto a interpretaciones dispares y contradictorias en su máxima amplitud, nos colocará en una situación de posible inseguridad jurídica, de no acertar en la toma de decisiones.
CSIF Canarias ha impulsado los planes de estabilización como un derecho individual que se ha de reconocer a cada uno de los empleados y empleadas públicas en abuso de temporalidad. Un derecho conducente a estabilizar su relación administrativa o laboral que, hasta ahora, se ha basado en un continuo abuso de la temporalidad, reforzada por una instaurada precariedad limitadora de los derechos que en general les son reconocidos al resto del personal público.
Alejarnos de las improvisaciones sobrevenidas, derivadas de ciertas interpretaciones particularísimas, es el reto que nos hemos marcado. Subscribiendo acuerdos comunes adoptados en el seno de un foro representativo y conformado por ambas partes (administración y sindicatos), que fijen criterios comunes para la ejecución de dicha ley en las distintas administraciones que integran el sector público en Canarias. Y proporcionándole la fortaleza necesaria frente a posibles ataques externos en
vía de reclamaciones o recursos y, por consiguiente, aportándole la mayor seguridad jurídica.
La preocupación generada entre el personal temporal ante los procesos de estabilización con la finalidad que se pretende alcanzar, cual es la reducción de la alta tasa de temporalidad instaurada en el sector público, se ha aliado con la premura emergente de tener que aprobar y publicar todas las ofertas de plazas a estabilizar con anterioridad al 1 de junio próximo y convocarlos antes del 31 de diciembre de este mismo año.
Por ello, desde CSIF Canarias estamos a favor de impulsar un canal de diálogo y colaboración con otras organizaciones sindicales y con las administraciones públicas canarias para elaborar y ejecutar con la mayor celeridad y rigor los planes de estabilización en el marco de la legalidad y seguridad jurídica.
